El documento firmado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, expresa que los certificados que registren vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023 podrán aguardar un año para renovar el trámite.
Desde la ANDIS indicaron que la decisión estuvo impulsada por "dificultades" que tuvieron algunas jurisdicciones con el trámite y explicaron que el objetivo es "que ninguna de las prestaciones que derivan de la vigencia del CUD se vea interrumpida como el sistema de prestaciones básicas, gratuidad del servicio de transporte público, entre otras".
El trámite requiere que tanto los discapacitados como quienes los acompañan renueven la habilitación año a año. Dicho documento sirve para la compra subvencionada de medicamentos o para viajar en colectivo sin cargo, entre otros beneficios, publicó Perfil.com.
Hace una semana, el mismo organismo gubernamental había anunciado la puesta en marcha del plan de promoción, mejoramiento y fortalecimiento de los trámites para la certificación de la discapacidad con el fin de simplificar el acceso, difundir sus alcances y mejorar las herramientas para ingresar al CUD.
En la misma tónica es que el Poder Ejecutivo decidió ejecutar esta prórroga como primer paso del plan.
De qué se trata el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad”
La medida busca la promoción, optimización y fortalecimiento de "los procedimientos vinculados con la certificación de la discapacidad en la Argentina, como portal de acceso a derechos, servicios y prestaciones básicas".
En ese marco se busca simplificar el acceso al CUD, fortalecer las herramientas vinculadas a la certificación y disminuir la brecha entre quienes poseen el certificado y quienes no accedieron. Actualmente se estima que un 10,2% de la población total del país tiene alguna discapacidad.
En su actualización normativa busca "determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”, así como también revisar los protocolos de evaluación para agilizar los procesos de vinculación y acompañamiento.
Por ello se apunta a la “incorporación de normativa atinente a firma digital” y la actualización de "convenios de descentralización con jurisdicciones provinciales y CABA, para optimizar el relacionamiento de los actores involucrados en los diversos procesos”.
Finalmente se instruye a la creación de una Mesa Interdisciplinaria de Implementación que "tendrá a cargo el diseño, desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento de las medidas correspondientes”.
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