Se encuentra en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el proyecto de ley de buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia
El proyecto fue presentado el 30 de noviembre del año pasado por el gobernador Gustavo Bordet. El 6 de diciembre tomó estado parlamentario y actualmente se encuentra en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados provincial.
Cuenta con el aval de las 30 instituciones que conforman la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos. Tiene por objetivo: “La protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.
OPOSICIÓN
Desde su ingreso al recinto, múltiples organizaciones ecologistas se pronunciaron en contra del proyecto por considerarlo una amenaza a la salud pública.
Por su parte, desde el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer), una de las instituciones que integra la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, declararon a EL DIARIO: “Anhelamos que tenga el tratamiento legislativo que amerita y se convierta en ley. La bondad del contenido escrito se verá reflejada en acciones si el Estado provincial y los actores contemplados cumplen con las obligaciones que la ley les impone”.
El proyecto de ley define a los fitosanitarios como una “sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir organismos nocivos sean estos, insectos, moluscos, ácaros, roedores, malezas, hongos, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la agricultura durante la producción, almacenamiento, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados”.
Los domisanitarios son “todas aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la desinfección de superficies inanimadas y ambientes, así como la desinfección (combate de insectos y roedores), formuladas para su utilización en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos y/o privados tales como escuelas, hospitales y lugares de esparcimiento, entre otros”.
La ingeniera agrónoma Carina Gallegos, presidenta del Copaer, dialogó con EL DIARIO para brindar detalles al respecto.
Explicó: “Lo trascendente del proyecto es que permite la regulación de domisanitarios, hasta el momento no se cuenta con una legislación provincial que reglamente su uso. En materia de fitosanitarios hay una ley provincial en vigencia, también normas complementarias que han actualizado el cuerpo de la ley, por lo tanto si bien el proyecto los contempla no hay un vacío legal en esta materia como sí lo hay con los domisanitarios”.
En relación al impacto de la salud de estos químicos, Gallegos precisó: “En la aplicación de productos fitosanitarios habilitados por Senasa como de los domisanitarios habilitados por Anmat hay un riesgo implícito. Pero el nivel de riesgo se gestiona y se minimiza siempre que previo a la utilización de estos productos se realice la consulta con un profesional de la agronomía matriculado, su aplicación se concrete conforme a la legislación vigente y respetando las indicaciones que figuran en la receta agronómica para el caso de los fitosanitarios. En los domisanitarios la situación es diferente, hasta el momento no existe el requisito de realizar las aplicaciones con receta y muy pocos municipios han regulado su uso a través de ordenanzas”.
La presidenta de Copaer explicó que, al igual que cualquier actividad humana, los fitosanitarios y domisanitarios impactan en el ecosistema, pero cuando existe un asesoramiento permanente de los profesionales de la agronomïa, “Se puede atender la rotación de principios activos que se aplican, minimizar el número de aplicaciones realizadas y las dosis utilizadas, como así también optimizar la calidad de las aplicaciones todo esto resulta en una reducción del impacto de los productos aplicados al ambiente”.
Según la Ingeniera, existen buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios, ya que “hay mucha información técnica y científica en la materia. Lo importante es su cumplimiento de manera consistente y en forma continua por parte de los usuarios”. Sin embargo, “en materia de aplicación de domisanitarios hay mucho por investigar”.
Qué dicen los ambientalistas
EL DIARIO conversó con Enzo Culasso, abogado y referente del Colectivo de Acción por la Justicia EcoSocial, la Multisectorial por los Humedales de Paraná, la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación La Hendija y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Afirmó que “pocas veces se consulta a la ciudadanía para elaborar algún proyecto de ley o política pública que tenga trascendencia para la vida de las y los entrerrianos, mucho menos cuando de agronegocio se trata”.
Las organizaciones ambientalistas se posicionan en contra de este proyecto de ley porque “busca legalizar las fumigaciones con venenos cerca de escuelas rurales, cursos de agua y comunidades”.
Culasso señala, además, que la norma “desconoce la bibliografía científica que alerta sobre las consecuencias que el uso masivo de estos venenos trae aparejado para nuestra salud y la salud de los ecosistemas. Pasa por alto derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, o aquel que busca proteger el suelo de la erosión, para cumplir con su función social, ambiental y económica”.
El abogado ambientalista argumenta que “las distancias que pretenden legalizar no cuentan con apoyo científico, no sabemos en base a qué criterio determina que es seguro fumigar a 100 metros de una escuela o curso de agua”.
Con respecto a la posibilidad de la existencia de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios y domisanitarios, lo considera imposible: “Muchos de esos venenos se encuentran prohibidos en otros países. Se pasa por alto la realidad de nuestra provincia, donde cientos de gurises terminan con cáncer”.
En relación al proyecto de ley, Culasso detalla que “en 2018 se dieron una serie de encuentros en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde fueron contundentes las evidencias científicas sobre los efectos que estos venenos tienen para nuestra salud y los ecosistemas, pero no se hicieron eco de ellas. Encontraron restos de agrotóxicos en el río Paraná y están presentes en el agua, el aire y el suelo”.
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