| Taiana lanza un programa de beneficios a industrias de defensa | | |
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Por primera vez el Ministerio de Defensa da un paso formal hacia el estímulo y desarrollo de la industria de defensa local. A poco del término del año y a falta de una ley que lleva décadas sin ver la luz, Jorge Taiana firmó dos resoluciones clave. Una establece la implementación de (ACP) Acuerdos de Cooperación Productiva (offsets). Se trata de compensaciones que se exigen ahora en grandes compras de material bélico y pueden darse en forma de transferencia de tecnología, acceso a mercados de exportación, subcontratación de firmas nacionales o coproducción, vinculados al contrato objeto de la compra o licitación.
Estas pautas para los ACP deberán ser contempladas por el Ministerio de Defensa, y las Fuerzas Armadas en beneficio de la industria nacional al momento de efectuar la adquisición e incorporación de capacidades, material y sistemas de armas de origen extranjero. La vigencia de ambas resoluciones se da cuando entró en letargo, -por una declaración pública reciente del presidente Alberto Fernández-, la aspiración de incorporar cazas de cuarta generación, recuperar la capacidad submarina y adquirir vehículos blindados tres grandes contratos de equipamiento para la Fuerza Aérea, Armada y Ejército con expectativa de desarrollo tecnológico local. Esa resolución se complementa con otra que Taiana firmó el 19 de diciembre pasado por la que se crea el Programa de Desarrollo de Proveedores de la Defensa (PRODEF). Prevé la elaboración de una base de datos actualizada de las empresas proveedoras de los organismos del área de defensa. No existía hasta ahora una coordinación entre la industria e investigación pública y privada en el área de defensa, así como hay desconocimiento de las capacidades de los proveedores nacionales.
Con la base de datos denominada Registro de Proveedores para la Defensa (REPRO-DEF) se podrá conocer e identificar las capacidades existentes en el país y las que hace falta desarrollar para poder cubrir la demanda de las Fuerzas Armadas, potenciales exportaciones y estimular la participación privada en la industria de defensa. El ministerio, en la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción, contaba solo con el listado de los integrantes de la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE), un grupo de pymes especializadas en su mayoría proveedores de la fábrica estatal de aviones FAdeA que hizo punta y tuvo respuesta tras años de reclamos. Propone, además, la creación del Certificado de Empresa Estratégica de Defensa (CEEDEF), para acreditar a todas aquellas empresas, privadas y públicas (Invap, FAdeA, Complejo de astilleros CINAR, etc) que dispongan de recursos y capacidades críticas para la fabricación y provisión de bienes y/o servicios estratégicos para la defensa. Quizá la parte que más traccione a enlistarse es que el Programa deberá contar con “instrumentos técnicos y financieros necesarios para fomentar el crecimiento y desarrollo de una base industrial para la defensa”.
Traducido, significaría de apoyo como exenciones impositivas, acceso a depósitos fiscales y disponibilidad de divisas para importación, claro a negociar con Economía. Hoy el Talón de Aquiles para un segmento empresarial de alta especialización con mercado dolarizado que está a punto de colapsar por la imposibilidad de acceder a los dólares del Banco Central.
Las buenas noticias a la industria de la defensa local en medio del páramo ocasionado por la falta de divisas se opacaron a raíz de un pedido de la Fuerza Aérea -por carta documento- de devolución de equipos de su propiedad que estaban concesionados a firmas privadas. Esas empresas, entre ellas División Turbos S.R.L. y MBA S.A disponían de bancos de prueba y ciertas herramientas especiales cedidos en concesión para brindar servicios de mantenimiento, inspección y reparación a motores, turbinas y asientos de eyección, contratos que se facturaban con un descuento a la fuerza en atención a ser la propietaria de las herramientas en cuestión. El equipamiento fue devuelto en las condiciones de origen, todas las certificaciones y actualizaciones, que implicaron erogaciones en dólares quedaron en las empresas y ahora la fuerza tendrá que hacerse cargo del gasto, además de la capacitación y habilitación de personal técnico usuario que también se salda en dólares.
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