Presentan un informe sobre la violación a los Derechos Humanos en Jujuy
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Detenciones ilegales, torturas, persecución política y espionaje
Presentan un informe sobre la violación a los Derechos Humanos en Jujuy
 
Ver imagen A partir de denuncias de organizaciones sociales, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos elaboró un trabajo en el que describe cómo el gobierno de Morales viola las garantías constitucionales.

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Fecha:04/08/2022 8:20:00 
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La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, integrada por militantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y sindicales presentó un informe que da cuenta de distintas vulneraciones a las garantías constitucionales por parte del gobierno jujeño. Allí se describen, a partir de los testimonios de los damnificados, delitos que incluyen espionaje, detenciones ilegales, torturas y despojo de tierras, entre otros.

El informe nace del relevamiento realizado a mediados de julio, a partir de las denuncias que hicieron organizaciones sociales sobre allanamientos ilegales en la provincia norteña. La comisión ya había estado en dos oportunidades durante 2021, que sirvieron para elaborar un primer documento llamado “Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra en la región” en octubre de ese año. Una tercera visita estaba programada para agosto, pero los hechos que se sucedieron durante el pasado 6 de julio precipitaron el viaje. Según señalaron durante la presentación del informe, en base a las siete denuncias iniciales que motivaron el estudio se encontraron, adicionalmente, 51 faltas graves. Los 58 casos fueron distribuidos en diez categorías, de acuerdo al marco normativo corrompido.


El objetivo de la Comisión es poder visibilizar y denunciar estos hechos, para que tengan una cobertura más amplia que la provincial y, en ultima instancia, crear un instrumento para implementar acciones políticas reparatorias. Encabezaron la presentación los abogados Jose Luis Fuentes y Sergio Jobs, la directora de Derechos de los Pueblos de ATE - CTAA Nacional, María José Cano, el dirigente social Juan Grabois y el integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Pablo Pimentel.

“Recibimos denuncias de detenciones con torturas en el marco de una movilización donde se pedían alimentos para comedores y merenderos”, contó Sergio Jobs y agregó que una de las detenidas estaba embarazada y la policía la hizo abortar. En el informe se detallan otros casos de tortura física y psicológica, como también el abuso de la autoridad policial, que en reiteradas oportunidades actuó sin identificarse y negando el derecho de los detenidos a conocer su situación procesal.

Los referentes de la Comisión pidieron que se trate el proyecto de ley que plantea la intervención del Poder Judicial de Jujuy. También instaron al Estado nacional a denunciar los delitos relevados en el informe, ya que consideran necesario que se involucren actores con responsabilidad institucional, además de organizaciones civiles.

La Justicia de Morales
En el documento se explica el contexto político que permite el accionar del gobernador, así como las razones sociales y económicas que lo motivan. Tal como se señala, al inicio de su mandato, Morales reformó la ley orgánica del Poder Judicial y sancionó la ley 5895, que crea el Ministerio Público de la Acusación. Se favorece así el direccionamiento político de las decisiones judiciales, al otorgarle al jefe de Estado provincial “todas las facultades para la persecución penal”. El amedrentamiento de los movimientos populares mediante el “uso sistemático del Código Contravencional” y la complicidad de las fuerzas de seguridad locales terminan de configurar el mecanismo de disciplinamiento, según denuncian.

Por otro lado, se menciona que la visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala a fines de junio pudo ser el desencadenante de los allanamientos que se realizaron la semana siguiente. Las requisas y detenciones en comedores, merenderos y sedes de movimientos sociales podrían ser la respuesta del gobernador ante el pedido de Fernández para que la Corte Suprema se dedique a analizar la sentencia de la dirigente social.

Al presentarse en la fiscalía, la Comisión intercedió para que los abogados de las organizaciones pudiesen ejercer la defensa, ya que habían sido excluidos del proceso, incluidos los allanamientos. De esta manera, los letrados pudieron acceder al expediente de la causa, que había comenzado en marzo, y constataron que el fiscal Funes dispuso “crear Grupos de Trabajo para infiltrar a todas las organizaciones sociales”, en el marco de las movilizaciones que tendrían lugar durante la apertura de sesiones del parlamento jujeño. Sin embargo, el MPA negó que los dirigentes sociales fueran investigados poco antes de los hechos ocurridos en julio, lo que solo aumenta las sospechas de una persecución política en represalia.

Por su parte, Grabois contextualizó la situación y explicó cuáles son las razones del Gobierno de Jujuy para criminalizar la protesta: “Garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica son los tres elementos que explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión, por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune, por qué se persigue a los movimientos sociales y partidos de izquierda para callar cualquier voz, por qué destruyen cualquier personalidad pública que intente tener una voz firme”. Y sostuvo que el “modelo de extracción sin distribucion” que propone Morales se basa en el litio, las plantaciones de cannabis y los procesos de expropiación territorial de las comunidades originarias.

En este sentido, Jose Luis Fuentes afirmó que el 40 % de las denuncias tienen que ver con violación a los derechos de los pueblos originarios y explicó que las instituciones jujeñas que deberían defender sus derechos retrasan los procesos de seguridad jurídica, para que no puedan defender el territorio frente al avance de los proyectos extractivos.

En la reunión también estuvieron presentes los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Verónica Caliva, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Itai Hagman, Myriam Bregman, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Juan Marino, además del senador nacional Guillermo Snopek, la Directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti. Además, la ex diputada provincial Alejandra Cejas y Norita Cortiñas enviaron sus palabras de apoyo.
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