| Durante la pandemia, la Corte recibió más de 10 mil denuncias por violencia doméstica | | |
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La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema difundió, en el día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, un relevamiento que muestra que recibió 10.919 denuncias durante la pandemia del coronavirus, entre quienes la mayor parte de las personas afectadas fueron mujeres (58 por ciento) y niños, niñas y adolescentes (29 por ciento). El aislamiento social, preventivo y obligatorio llevó a que disminuyera el número de denuncias, en comparación con 2019, cuando hubo algo más de 12.000, pero "en cuanto se habilitó nuevamente la circulación comenzaron a subir porque las mujeres denuncian cuando van al trabajo o a llevara los hijos al colegio, que son justificaciones que en desde el año pasado no podían dar", dice Analía Monferrer directora de la dependencia. Hay un dato en particular que muestra el análisis y que la especialista subraya que es que el tiempo promedio de maltrato que pasan las mujeres antes de denunciar a sus agresores es de seis años. "Esto debe ser un dato importante para el Poder Judicial para derribar mitos y saber cómo responder cuando llega una víctima que lleva tanto tiempo padeciendo situaciones de violencia".
A seis años y medio ya de la primera marcha de Ni Una Menos, el dato alarmante es que los femicidios y travesticidios, expresiones extremas de la violencia machista, no disminuyen. Son cometidos en su mayoría, además, por parejas o exparejas. Según las cifras de la propia Corte, el promedio es de un femicido cada 35 horas. Algunas organizaciones estiman que la frecuencia podría ser todavía algo mayor, cada 30 horas. Los números son similares en los últimos años: 251 femicidios en 2020, 252 en 2019, 255 en 2018. El año pasado solo el 14 por ciento había hecho denuncias previas, es decir, que no hay pedidos de ayuda previos. Por esto se torna relevante el papel de la OVD cómo lugar de orientación para las víctimas y para guiarlas a denunciar. "La denuncia es lo que puede prevenir hechos más graves", subraya Monferrer. En la Ciudad de Buenos Aires, ejemplifica, de 23 femicidios entre 2017 y 2019, solo en tres casos había denuncias anteriores de las víctimas.
Por supuesto también es esencial que quienes integran el sistema de justicia se capaciten para aplicar la perspectiva de género no como un eslogan sino para no llegar tarde o mal cuando sí hay denuncias, o bajo la contaminación de estereotipos propios del patriarcado, como sucedió este mismo año con el Ursula Bahilo, en Rojas, y el de Guadalupe Curiel en Villa La Angostura, o el año pasado con Paola Tacacho en Tucumán, entre otros ejemplos.
En la OVD la persona que denuncia es recibida por un equipo interdisciplinario que escucha su relato, labra un acta, evalúa el riesgo y constata las lesiones, si es necesario. Luego da intervención a la autoridad judicial civil o penal para que dice medidas de protección y se avance con la investigación de los hechos. Durante la pandemia, en el 78 por ciento de los casos intervino la justicia civil y se dictaron prohibiciones de acercamiento, en el 68 por ciento se prohibió el contacto telefónico o por vías digitales y al 27 por ciento de las víctimas se les asignó un botón antipánico. La violencia física se constató en 61 por ciento de los casos, en el 96 por ciento, violencia psicológica y simbólica en el 47 por ciento. A la justicia penal se derivaron 45 por ciento de las consultas. Durante la pandemia la atención continuó siendo presencial y durante las 24 horas, con la complejidad de la dificultad para denunciar de muchas mujeres.
El tiempo de maltrato anterior a la denuncia es de hasta 2 años en el 45 por ciento de los casos, de 3 a 5 años en el 21 por ciento, de 6 a 10 años en el 17 por ciento y más de 10 en el 17 por ciento de los casos. Este entre otros datos de la OVD ilustran que la violencia de género es un problema con raíces culturales y de gran complejidad y que requiere un abordaje estatal integral y coordinado que hilvane también barrios, municipios, provincias, y donde los principios de la Ley Micaela se arraiguen en fuerzas de seguridad, poderes judiciales y ministerios públicos. "Para nosotros es importante que la oficina siguió funcionando y que los jueces y juezas tomaron medidas --dijo Monferrer--, por supuesto que queda mucho por mejorar".
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