| Juicio por la causa "Chavanne-Grassi", con Etchebarne y Guglielminetti como imputados | | |
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“Chavanne-Industrias Grassi”, “Chavanne-Grassi” o simplemente “Chavanne” es un juicio clave que echa luz sobre la persecución política con fines económicos que consumó la última dictadura.
Con la intervención de cómplices civiles y la decisiva actuación de la Comisión Nacional de Valores, la dictadura se apoderó de empresas mediante el secuestro de sus dueños y favoreció a empresarios que eran sus socios y amigos.
Juan Alfredo Etchebarne, quien fuera titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el autodenominado “Proceso” y uno de los referentes civiles del régimen cívico militar, junto con el , exagente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, serán juzgados por el secuestro de 28 personas, comprendiendo directivos de las dos empresas, abogados y familiares.
El debate oral sufrió una decena de postergaciones y demoras, durante las que fallecieron dos de los acusados.
El expediente en el que fueron investigados, imputados y finalmente procesados Etchebarne y Guglielminetti (además del excomandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y del coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, quienes fallecieron en 2014 y 2018 respectivamente) muestra cómo la dictadura, a través de cómplices civiles y de la intervención de la CNV, se quedó con valiosos activos empresarios, previa persecución y secuestro de sus legítimos dueños: en este caso, se trata del despojo del Banco de Hurlingham a quienes lo habían legalmente adquirido: las empresas Chavanne y Grassi.
"Este es un juicio fundamental, porque muestra con claridad la trama cívico-militar de la última dictadura", destacó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. A 45 años del último golpe de Estado que sufrió el país, completó el funcionario en una comunicación, "es imprescindible que se juzgue la responsabilidad de civiles que desde puestos claves en términos económicos y políticos tuvieron participación en delitos de lesa humanidad. Es un compromiso del Estado avanzar en esa línea".
A través de una joint-venture, las empresas Chavanne y Grassi compraron en 1978 el Banco de Hurlingham, propiedad de la familia Graiver y presunto custodio del dinero que la organización Montoneros había cobrado tras el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la multinacional de origen argentino Bunge & Born.
Según Rafecas, la dictadura “conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham”, desarrollando “una clara persecución a grupos económicos determinados”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, precisó a través de su comunicado que en su papel de titular de la CNV, Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica”, señalando sus vínculos con la familia Graiver. A los pocos días de la denuncia, comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Se conformó así un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV con el propósito de investigar, fuera de la ley, la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver, Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.
Para Rafecas, había allí un “interés específico de los represores en dar con el dinero que había obtenido la organización Montoneros como recompensa por el secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born”. Así lo aseguró Rafecas en su auto de elevación a juicio, que comenzó a ser leído el lunes en el marco del debate.
Etchebarne dispuso la intervención del Banco de Hurlingham junto con el general Alfredo Cassino, por entonces director del BCRA. El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974 y desapoderó así a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.
Era el mes de septiembre de 1978. Grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, a Juan Claudio Chavanne y a su esposa Sara Duggan, así como a su socio Jorge Tejerina y más tarde a Marcelo Chavanne. Además, fueron detenidas más de 20 personas, entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.
Casi todos fueron trasladados al CCD que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, en donde fueron interrogados bajo tortura. Testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como a abogados y contadores de la CNV y del BCRAS que asistían al grupo de tareas. A principios de 1979, la mayoría de los detenidos fueron liberados, a excepción de Juan Claudio Chavanne y algunos otros que fueron puestos a disposición del PEN y liberados dos años después.
La postergada primera audiencia del juicio comenzó cerca de las 9 de la mañana del lunes. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio y tras ello la defensa de Etchebarne intentó formular una serie de planteos preliminares, los que fueron rechazados por unanimidad tras la oposición del MPF y con la adhesión de las querellas de la APDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la familia Grassi. La próxima audiencia se desarrollará el martes 9 de marzo desde las 11:30, ocasión en la que tendrán lugar las indagatorias.
CCD “Las Chapas”
La investigación de la fiscalía sostiene que la estructura jerárquica del personal que desarrolló funciones en el predio en el que permanecieron cautivas gran parte de las víctimas, no difiere sustancialmente de lo que pasaba en otros centros clandestinos de detención. A los agentes de la Gendarmería se les asignaba la custodia de los detenidos, mientras que a los integrantes del Ejército se les ordenaban los interrogatorios bajo tortura.
El CCD estaba conformado por celdas ubicadas en el centro que permanecían cubiertas por una especie de tinglado de chapa. Esa característica dio origen a la denominación de “Las Chapas”. A su vez, los calabozos individuales eran de cemento y poseían una puerta de hierro, sin ventanas y con un tamaño aproximado de 2 metros por 1.50 metros. Asimismo, existían dos sectores de celdas, denominadas “Barrio Sur” y “Barrio Norte”. La diferenciación hacía alusión el trato propiciado a las víctimas.
Los imputados
Guglielminetti llegó al debate oral por su intervención, bajo el alias “Ángel Rogelio Gustavino” y como PCI (personal civil de Inteligencia) del Ejército Argentino, en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- de nueve personas que luego sufrieron cautiverio en el CCD.
A Etchebarne se le endilga, en calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Valores -cargo que desarrolló desde el 9 de junio de 1976 hasta el 4 de junio de 1983- haber sido partícipe necesario de las privaciones ilegales de la libertad agravadas de 23 víctimas en el mencionado centro clandestino.
Al fallecido DAlessandri se le atribuyó haber actuado como jefe del grupo de tareas constituido en torno a la transferencia de acciones por medio de la cual se concretó el traspaso del Banco de Hurlingham entre los grupos Graiver-Chavanne-Grassi. En ese carácter habría intervenido como autor de los secuestros, cautiverio e interrogatorios bajo tortura de las 28 víctimas.
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