El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó a ocho represores a prisión perpetua, dictó penas de 18 años de prisión para cinco más, y de cuatro años para uno de ellos. Fueron hallados responsables de 43 casos de detenciones y torturas, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas en el centro clandestino de La Perla, durante la última dictadura cívico-militar. En esta causa, denominada Diedrichs-Herrera por los apellidos de los principales imputados, José Hugo "Quequeque" Herrera falleció durante la feria judicial de verano. "No me arrepiento de nada", fue la provocadora frase con que cerró sus últimas palabras el imputado Arnoldo José López.
El Tribunal --integrado por Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci-- condenó a Luis Gustavo Diedrichs a prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público (4 hechos), imposición de tormentos (21 hechos), homicidio doblemente calificado y desaparición forzada (45 hechos). También fueron condenados a prisión perpetua otros cuatro exmilitares del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, los oficiales Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro y Héctor Pedro Vergéz, y el suboficial Carlos Alberto Díaz. La misma pena correspondió a Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Emilio Morard, personal civil de Inteligencia del Ejército.
La gran mayoría de los acusados ya contaban con condenas previas por esos procesos. Los únicos imputados que llegaron a juicio por primera vez resultaron absueltos por pedido de la fiscalía: el general de brigada retirado Arturo Emiliano Grandinetti y el teniente coronel retirado Carlos Horacio Meira.
Diedrichs, de 81 años --sobre quien ya pesa una condena a prisión perpetua-- siguió el juicio desde su domicilio en San Javier, en el ídilico paraje de Traslasierra, donde cumple prisión domiciliaria y donde fue declarado persona no grata. Su domicilio se encuentra cerca de la tumba de quien sería una de sus víctimas, Ana Ahumada. Los organismos de derechos humanos piden que cumpla su condena en prisión efectiva.
El fiscal Maximiliano Hairabedián había solicitado sentencias condenatorias para 16 de los 18 imputados. Los querellantes también ya habían pedido condenas a perpetua para los acusados y los defensores, las absoluciones. El proceso de enjuiciamiento comenzó el 9 de septiembre pasado para analizar la responsabilidad de ocho militares, siete efectivos policiales de la provincia y tres civiles de inteligencia en la comisión de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia". Se juzgaron crímenes cometidos contra la diezmada familia Soulier, o los chicos de la Escuela Manuel Belgrano, entregados por el interventor Tránsito Rigatuso a Luciano Benjamín Menéndez.
Yo no fui, no me arrepiento de nada
Antes de la sentencia algunos de los represores hicieron oir sus últimas palabras y se dirigieron al tribunal Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Emilio Morard, Alberto Lucero, Arnoldo José López y Ricardo Lardone. De los 33 acusados de las dos causas que se unificaron sólo hubo 18 presentes. Una larga serie de factores y dilaciones determinaron, como en otras causas de lesa humanidad, buena parte de sus acusados ya estén muertos o en una condición de salud que no les permite afrontar un juicio, entre ellos Menéndez, fallecido en 2018.
"Me declaro inocente. Intentaron involucrarme sí o sí aunque no existieron pruebas. Desconozco todas las acusaciones que mentirosamente instaló la fiscal (Graciela) López de Filoñuk", dijo Lardone. Otro de los que se declaró inocente fue Morard. "En este caso no se pudo demostrar que yo arresté a las víctimas, que yo los torturé o que yo los haya matado o hecho desaparecer", aseguró. Y pidió al tribunal: "no se debe condenar por inferencias por más que se crea que son culpables". Morard señaló que "se violaron las leyes de la época cambiando en forma retroactiva muchos artículos de la Constitución y leyes internacionales firmadas por nuestro país". Por su parte, Jabour se declaró "ajeno a los hechos" que se le endilgan en la causa.
Arnoldo López dijo tener "incredulidad en cuanto a la imparcialidad de este tribunal", y no se privó de reivindicar el accionar de las fuerzas militares. "Lo que ha sucedido en el país en todos estos hechos violentos es consecuencia de una acción armada de organizaciones terroristas que han provocado la más terrible ola de violencia que se haya producido en este país. No han sido víctimas inoncentes o jóvenes que perseguían fines de altruismo o solidaridad y de extremo amor a la sociedad para el recupero de derechos", expresó.
Diedrichs prefirió el silencio, al igual que los demás imputados que siguieron la audiencia que inició a las 11 desde el Penal de Bouwer y la Unidad Penitenciaria 34.
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