| Aún no está definido quién reemplazará a Lara en Diputados | | |
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El reemplazo de Diego Lara en la Cámara de Diputados continúa siendo una incógnita. Es que según anticiparon fuentes legislativas la promulgación de la Ley de Paridad Integral y la fecha en la que Diego Lara presente su renuncia como legislador podrán cambiar las reglas del juego vigentes.
Esto es porque si bien la norma sancionada la semana pasada en el Senado establece que en los casos de conformación de cuerpos colegiados y la postulación de cargos electivos se harán efectivas a partir de las próximas elecciones y que los organismo que han sido integrados con anterioridad permanecerán iguales hasta la finalización del mandato, "en el caso de renovación o reemplazos, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley". Además, en el artículo siguiente deja explícitamente aclarado que -en este caso puntual- quedará sin efecto la Ley Provincial N° 10.012 de Equidad de Género en la Representación Política.
Entonces, si se apura la promulgación de la Ley en cuestión, esto deja la puerta abierta para que sea la oriunda de San Jaime de la Frontera, Vanesa Castillo -exconcejal y actual funcionaria de la Caja de Jubilaciones de la provincia- quien asuma la banca en Diputados.
Lo cierto es que también dependerá de los tiempos de la Cámara de Senadores, que por estos días finalizó con la audiencia pública para cubrir cargo de presidente del Tribunal de Cuentas y mañana viernes dará dictamen al pliego de Lara. Si su renuncia llega antes quien lo reemplazará, entonces, será José Rubén Boxler, exintendente de la localidad de Conscripto Bernardi en el departamento Federal.
En relación a ello, el secretario General del Tribunal Electoral de la provincia, Agustín González aclaró: "Hay dos hechos determinantes, la renuncia del doctor Lara y la nueva normativa que es muy clara y cambia la resolución del Tribunal. No hay lugar para una interpretación en contrario", dijo en diálogo con esta Agencia.
No obstante, advirtió que no se debe descartar que la definición sea judicializada "por aquella persona que entienda que la nueva ley vulnera derechos adquiridos propios por ser inconstitucional en el juzgado pertinente". (APFDigital)
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