Habrá hoy una nueva audiencia entre sindicato, empresas y ministerios de Transporte y Trabajo de la Nación en la secuencia de reuniones que más nada que poco han dejado para la crisis que atraviesa el transporte urbano de pasajeros del interior del país. En ese marco, Paraná es una de las más comprometidas: como Rosario, desde hace 26 días que no tiene el vital servicio.
De todos modos, lo que pueda definirse hoy será algo meramente transitorio, en pleno desarrollo de una pandemia que obliga al aislamiento, distanciamiento y desalienta el uso del transporte público. El problema de “caja” por reducción de pasajeros se extenderá por un largo tiempo. Y los inconvenientes estructurales se extenderán por un largo tiempo.
En ese contexto, al deficitario servicio se suma ahora su ausencia total. Mientras la Asamblea Ciudadana Vecinalista viene reclamando hace tiempo la caída de la concesión, sectores de agrupaciones políticas de izquierda que se anexaron a la movilización del jueves plantearon con pancartas y carteles la estatización del servicio.
No parece ser, en este contexto, una idea en análisis por parte de las autoridades, tanto municipales como provinciales, ya que el servicio urbano de Paraná depende del municipio, pero las líneas que llegan a las localidades de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, son potestad de la Provincia.
En el país prevalecen los sistemas privados, con más de 600 empresas. Otros mixtos, como Córdoba y Rosario, mientras que puramente públicos en un puñado de ciudades de bajo nivel de uso y menor población. También hay particularidades como Mendoza o Salta, con manejo público y vínculos con privados para el alquiler de las unidades, por ejemplo.
Actualmente, el servicio en Paraná tiene un costo cercano a los 65 millones de pesos de ellos, 42 millones se destinan a la masa salarial el resto va a combustibles, seguros y respuestos. Cuando el servicio se presta.
La recaudación por boletos, que podría llegar a unos 30 millones de pesos mensuales, decayó a 5 millones en junio, mes que solo tuvo un par de jornadas de paro.
Considerado servicio esencial, la cuarentena por la pandemia de Covid-19 no hizo más que agravar la realidad del transporte urbano de pasajeros en todo el país. Lejos quedó la idea anunciada al inicio de la gestión del Ministerio de Transporte de la Nación, por equilibrar las asimetrías: el amplio y diverso interior sufre la discriminación de fondos respecto de los asignados a Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Unos u otros, de todos modos, tienen una total dependencia de los subsidios para funcionar, pese a los distintos modelos de prestación.
Los usuarios de Paraná sufren un paro histórico del servicio, que se inició el 2 de julio. Por la cantidad de jornadas consecutivas de retención de servicios, es mayor a la registrada en agosto de 2019, y en mayo de este año. Y en los últimos tres meses, 90 días, ya suman más de 50 días sin servicio.
El perjuicio de la falta de servicio es menor a un año atrás por la parálisis de actividades debido a la pandemia de coronavirus, pero hay unas 10.000 personas, fundamentalmente de sectores de menores ingresos, que están impedidos de movilizarse a bajo costo.
Llamativamente, en este contexto, ha sido nula la discusión pública sobre la situación.
Al punto que desde mitad del año pasado, cuando se dispuso el último aumento del boleto, no se reúne el órgano de control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), determinado por ordenanza como espacio no solo para la definición de la tarifa sino para la discusión de aspectos relacionados con el funcionamiento.
Tampoco el Concejo Deliberante intervino, sea de modo virtual o en algunas de las sesiones realizadas. Solo recientemente determinó la conformación de esa comisión, ante los reclamos de la oposición.
Mientras se aguardan soluciones transitorias fuera de la provincia, los usuarios damnificados se las siguen ingeniando para cumplir con sus obligaciones cotidianas. Muchos de ellos a un alto costo económico.
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