El proyecto de moratoria fiscal que se apresta a presentar a la Cámara de Diputados el bloque de legisladores del Frente de Todos contempla solo las deudas generadas hasta el 31 de mayo, lo que deja afuera la mayor parte de los pasivos contraídos durante la cuarentena. Así lo indica hasta ahora la propuesta que analizan diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller, acordada con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En función de esa situación, fuentes parlamentarias aseguraron a Ámbito que el proyecto “va a ser cambiado durante el debate”. Algunos legisladores dentro del oficialismo no estarían de acuerdo con el alcance del mismo. Consideran que se trataría sólo de una manera de poner el tema sobre la mesa. Es decir, suponen que es una iniciativa de mínima. El tributarista César Litvin considera que “hay que permitir deudas por lo menos hasta el 30 de junio” porque tal como está redactado, hasta ahora sólo entrarían impuestos devengados entre diciembre del año pasado y abril de este, y se dejaría afuera el grueso de los compromisos fiscales surgidos durante el período de cuarentena, en el que las pymes no pudieron trabajar o si pudieron lo hicieron a menos de la mitad de su facturación. Esto es así porque los vencimientos en su mayoría corresponden o se cubren con la facturación del mes previo. Hasta ahora, en la moratoria vigente, las deudas que se pueden reprogramar son hasta el 29 de noviembre de 2019. Si el corte pasa a ser el 31 de mayo quedaría afuera toda la facturación de ese mes, que genera vencimientos para junio, y toda la de junio, que genera los compromisos para abonar en julio. A eso hay que agregar que el Gobierno podría disponer seguir con las limitaciones a la circulación de personas durante la primera mitad de julio para enfrentar al coronavirus, por lo que las empresas seguirán con problemas para vender. Según señaló el tributarista Mario Volman, en el oficialismo “dieron a luz este proyecto para alertar a la sociedad de que los tributos que vencen en junio van a tener que ser pagados”. Volman supone por eso que va a haber cambios en el proyecto, mientras que su colega Ezequiel Passarelli consideró necesario que se introduzca algún “premio” para los que siguieron cumpliendo con sus impuestos a pesar de todos. Passarelli opinó que “no deben ser muchos, pero debería haber una señal para ellos”. El proyecto que impulsa el oficialismo modifica el actual plan en vigencia, que concede plazos de hasta 120 cuotas para las deudas impositivas y de hasta 90 para las de la seguridad social. Es un cambio en la Ley 27.541 (Solidaridad Social) que además permitirá la entrada de contribuyentes que no pudieron hacerlo hasta acá por no tener Certificado Pyme que entrega la Secretaría de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo. Podrán entrar, por ejemplo, directores de empresas que legalmente son trabajadores autónomos (no está contratados en relación de dependencia) que estuvieron impedidos por no encuadrar en la definición de pyme que hace la ley, y también se le permite el ingreso, con restricciones, a grandes empresas. El proyecto determina que si los contribuyentes de ese grupo hacen uso del beneficio no podrán distribuir dividendos por 24 meses y tampoco podrán comprar dólares para hacer colocaciones, pagar préstamos, licencias o franquicias o enviar montos a empresas vinculadas. |