Carubia: “Me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”
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Fantasía o realidad
Carubia: “Me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”
 
Ver imagen Entrevista al presidente de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ

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Fecha:11/03/2019 9:39:00 
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El doctor Daniel Omar Carubia hace 38 años que tiene un cargo en el Poder Judicial y en junio cumplirá 31 años como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ingresó en ese cargo en 1988, cuando se decidió aumentar de 7 a 9 los integrantes del Alto Cuerpo. Fue presidente del STJ entre 2004 y 2009 (tres mandatos), y es el actual titular de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal. Luego de casi dos décadas, es la primera vez que concedió una entrevista periodística con la salvedad –cómo él mismo la señaló- que nadie hasta entonces le había solicitado una. En ese marco, abordó las mayores preocupaciones en materia penal (narcotráfico) el sistema de casi colapso de las unidades carcelarias la falta de infraestructura como la inexistencia de la labor del Patronato de Liberados o la necesidad de activar cuanto antes más Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, incluyendo la necesidad de implementar la Policía Judicial, que pasó de una idea de vanguardia a una actual frustración institucional.
También reconoció que, en materia de corrupción, la Justicia llega tarde, generalmente detrás de una investigación periodística y abogó por una permanente especialización para combatir la criminalidad especialmente en materias como delitos económicos, informáticos y ambientales, entre otros.
Además, respondió a otras temáticas muy cuestionadas por la sociedad como la necesidad de ponerle un límite a la llamada “familia judicial”, donde la parentela en muchos casos es un festival de designación de cargos contexto en el que expresó una severa crítica al actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura, especialmente por la posibilidad de manipulación en las calificaciones en la etapa de las entrevistas personales a los aspirantes a un cargo, que puede subordinar los méritos académicos y la experiencia profesional. “Me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”, reconoció en un momento al abordar esa realidad en la entrevista que le realizó el diario El Argentino.
Otro tema que también requirió de explicaciones fue cómo justificar que los cargos en la Justicia sean vitalicios reconoció la falta de solidaridad en la distribución de bienes dentro del Poder Judicial en detrimento de las jurisdicciones del interior y abordó los criterios para establecer las prisiones preventivas, entre otros temas.

Desafíos en materia penal
“El mayor desafío que tiene Entre Ríos en materia penal, para mí, es el narcotráfico. Lamentablemente, esto no es materia nuestra, sino de esfera Federal en su gran dimensión porque a nivel provincial tenemos las potestades de la ley conocida como Narcomenudeo. El narcotráfico es el gran desafío que existe e incluso el problema más severo, generador de inseguridad en la población”, explicó el vocal Carubia.
En ese marco, observó que se trata de un delito que implica “toda una cadena de circunstancias que lo tornan muy violento. Entre Ríos no tenía delitos violentos. Lamentablemente, hoy las cosas se están poniendo más duras, que en épocas anteriores”.

Corrupción
Otro punto abordado en la entrevista con el diario El Argentino, Carubia analizó el tema de la corrupción, y reconoció como válida la percepción de la sociedad que indica que en materia de corrupción la Justicia suele llegar tarde, o detrás de una investigación periodística.
“En algunos casos es cierto, porque ha sucedido de esa manera. Y hay otros casos en que ha sido de otro modo en cómo se ha encarado el tema. Tal vez sea una mirada un tanto sesgada, no se ve la totalidad del panorama, sino que se están viendo algunos casos puntuales los que se están observando de esa manera. Pero es verdad que siempre vamos atrás de los hechos, obviamente. Esto es una realidad. A veces hay dificultades para empezar a investigar este tipo de delitos especialmente, cuando los investigados están ejerciendo el poder. Estas son situaciones difíciles que debe manejar el Ministerio Público Fiscal y a veces no es sencillo avanzar”, admitió.

Falta de especialización
El presidente de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, también reconoció la necesidad de que existan especializados en la Justicia, especialmente para investigar en materia penal.
“La Fiscalía Anticorrupción está prevista en la ley y nunca se ha creado en realidad. Es un problema legislativo. El Procurador ha formado un equipo de trabajo en este sentido, pero por voluntad de él. De todos modos, creó una Fiscalía de Investigaciones Administrativas dentro del Ministerio Público Fiscal. Es verdad que no hay especializaciones. No es muy común tampoco que las haya en el resto de las provincias. No es fácil crear esta clase de cosas”, explicó.
También reconoció que “sería ideal y muy interesante poder tener grupos de investigaciones especializados por materia o en cada rama del delito como el informático, el ambiental o contra la Administración Pública, para señalar algunos ejemplos”.
“La capacitación permanente y específica siempre es muy necesaria. Esa capacitación siempre es valiosa en todos los órdenes. El problema aquí es que la investigación la hacen los fiscales. Para ser fiscal hay que ser abogado. Y en ninguna Facultad de Derecho se estudia esto. De las universidades salen abogados, pero no son investigadores. Entonces esto es un problema y hay que ir haciéndose a medida que se trabaja y en la práctica se van formando. Y no hay tampoco muchas escuelas dónde poder munirse de estos conocimientos. No es un tema sencillo”, sostuvo.

Un sistema colapsado
Carubia también abordó el colapso del sistema penitenciario integral. Entre Ríos posee dos juzgados de Penas y Medidas de Seguridad (en Gualeguaychú y en Paraná) más un tercero creado pero que no está en funcionamiento en Concordia. También hay escasos equipos técnicos para las distintas intervenciones y el Patronato de Liberados tampoco funciona como corresponde.
“Permanentemente estamos insistiendo ante el Poder Ejecutivo sobre todos estos temas. El tema de las unidades carcelarias lo venimos planteando incluso desde mucho antes que surgiera el flagelo del narcotráfico. Básicamente, desde la reforma del Código Procesal Penal, con el acortamiento de los plazos de los procesos las cárceles han aumentado su población en más de un 100 por ciento. Ya no dan abasto, además de que son edificios viejos, absolutamente antifuncionales para la tarea de resocialización. Siempre estamos insistiendo sobre estas problemáticas. Lo ideal es tener nuevas cárceles”, indicó Carubia en la entrevista con El Argentino.
También anheló que haya más escuelas para que existan menos cárceles. E insistió que “lo que tenemos es absolutamente insuficiente, con una infraestructura vetusta y con una complicación adicional si le sumamos los detenidos federales que están alojados en la provincia”.
Respecto del Patronato de Liberados, recordó que “en Entre Ríos era una herramienta fantástica para manejar el tema de los internos que cumplían su condena y salían a trabajar. Diría que hasta principio de los años ´80 del siglo pasado funcionó muy bien en Entre Ríos”. Luego lamentó porque “después se fue deteriorando y hoy prácticamente no existe. Creo que en la actualidad hay una persona y es imposible que se haga algo útil”.
En ese marco también reconoció la frustración por no haberse creado la Policía Judicial, separada de la Policía administrativa y de seguridad. No obstante, insistió que “una Policía Judicial es la mejor forma para investigar. Se necesita una Policía que sea dependiente del Poder Judicial y que no tengan ningún vínculo con la Policía administrativa ni de seguridad”.


La familia judicial
En la entrevista se le indicó a Carubia que se suele percibir con mayor facilitad el nepotismo o el favoritismo familiar en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la familia judicial ostenta muchos cargos en las distintas jurisdicciones.
“Siempre he cuestionado este tema”, admitió Carubia. “De hecho, tengo cuatro hijos y nueve nietos y ninguno está en el Poder Judicial. Es más, siempre los he desalentado y me he resistido que ingresen al Poder Judicial. Hoy, de alguna manera, esto tiene algún límite por el sistema de concurso para el ingreso a la Justicia. Y quiero aclarar que para los concursos de la magistratura el Superior Tribunal no tiene ninguna injerencia y es un tercero ajeno a la selección de los jueces”.
Muchas personas que han participado de los concursos realizados con el Consejo de la Magistratura transmiten algunas inequidades. Cuando se hace el concurso se hace un examen teórico o académico que tiene un puntaje. Luego hay una evaluación, también puntuable de antecedentes. Pero, cuando se realiza la audiencia personal ante el Consejo de la Magistratura, muchas veces su resultado eclipsa e incluso anula la capacidad académica y los antecedentes profesionales. Es casi una manipulación para favorecer a otros.

Al respecto, coincidió con esa observación. “De hecho, he sido y soy muy crítico de cómo está funcionado el Consejo de la Magistratura. Sobre todo, la posibilidad discrecional de manejar ´los números´ con esta audiencia, que siempre deja muchos resquemores. Desde mi ingreso al Poder Judicial fui un defensor del Consejo de la Magistratura y de un sistema de selección técnico. Y hoy realmente me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”, criticó.

Cargo vitalicio
Carubia también justificó por qué tiene que ser vitalicio el cargo en la Justicia y no se implementa el sistema universitario que cada tantos años el docente titular debe revalidar su cargo en un nuevo concurso, abriendo nuevas posibilidades de ingreso.
“Esto tiene sus razones históricas, además de ser la forma normal en los Poderes Judiciales de casi todo el mundo. Existe en Argentina algunos casos de jueces temporales. Por ejemplo, en Salta los miembros de la Corte duran un período y el gobernador tiene la potestad de renovarlo por un período más”, introdujo.
“El tema es el siguiente: ¿queremos mejores jueces? ¿Queremos a los mejores profesionales sirviendo al Poder Judicial? Para esto se requiere personas con cierta experiencia, normalmente personas que han ejercido la profesión, especialmente en ciertos cargos de relevancia como camaristas o vocal del Superior Tribunal. Estos profesionales tienen que cerrar sus estudios y terminar con toda su clientela para dedicarse al cargo en la Justicia. Y si ese profesional no sabe si en seis años, por trazar una línea temporal, seguirá en el cargo dudo que ante esa incertidumbre deje su actividad privada. Hay que tener en cuenta que el juez no puede realizar ninguna otra actividad rentable, excepto la docencia. Entonces, me parece que la idea de la designación vitalicia es saludable para que el juez se dedique íntegramente a su función”.
Y al ser repreguntado sino cree que, en el caso específico de los vocales del Superior Tribunal sería más saludable la existencia de un límite Carubia insistió: “No. Podríamos discutir que exista un límite de edad, como lo tiene ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo fijó en 75 años. Eso podría ser razonable, porque estaría en condiciones de jubilarse. No es el caso de la provincia. Cuanto más alto el cargo, más razonabilidad para el concepto de lo vitalicio. Porque esta sospecha del vínculo con el poder (obviamente los del Superior Tribunal son designaciones políticas), con el correr del tiempo y con el cambio y la alternancia de gobierno se va perdiendo todo vínculo con aquel que lo designó. Entonces, la permanencia me parece que es importante para la independencia. Y hay ejemplos en el país de Tribunales que se renuevan casi con cada recambio de gobierno… y no es una buena política y sus resultados tampoco son buenos”.

Infraestructura judicial
Con respecto a la ostensible diferencia entre los Tribunales de las distintas jurisdicciones con el Superior Tribunal, Carubia reconoció la situación y recordó que él proviene del ejercido en la Justicia de Concordia. “Nosotros, en una época, ni papel teníamos. Los abogados presentaban una demanda y tenían que aportar el papel para proveerlos. Mi despacho de juez lo pinté con mis recursos personales, porque no me daban ni una lata de pintura”.
“Más allá de la austeridad que siempre es necesario destacar, es algo que está mal. Pero ha existido y existe una mirada parcializada del tema. El hecho de que aquí esté todo solucionado y en los Tribunales (del interior) existan muchas falencias, es un tema muy delicado y serio”, abonó.
“He ejercido la presidencia del Superior Tribunal de Justicia durante tres períodos y me he ocupado mucho de las distintas jurisdicciones, justamente por la experiencia personal que he vivido. Siempre he sido muy crítico en cómo se manejaban las cosas a favor de la capital de la provincia en detrimento de las demás jurisdicciones. Y esto no es fácil de cambiar. Y no se requiere plata, sino criterios más solidarios”, advirtió.

Prisión preventiva
En la entrevista realizada por El Argentino, se coincidió que no debe existir una pena anticipada. Por eso la ley establece algunos recaudos a la hora de restringir la libertad. Los argumentos que se esgrimen son la posibilidad de fuga, especialmente por la expectativa de la pena el entorpecimiento a la investigación penal preparatoria y la peligrosidad.
Carubia fue muy crítico de estos conceptos. “La expectativa de fuga es muy relativa y sugestiva. Y, además, es la forma que a veces se utiliza para anticipar la aplicación de una pena. Las únicas dos condiciones para poder aplicar una prisión preventiva, según la Constitución y la ley, son la posibilidad de fuga concreta y verificable y la del entorpecimiento de la investigación, previo aporte de elementos de convicción que sean realmente verificables para esa instancia”.
Explicó que esa es la línea rectora de la Sala Penal del Superior Tribunal y que esa postura es la que han mantenido desde siempre, al menos desde 1988 cuando él ingresó.
También indicó que “la peligrosidad” se puede cautelar de otra manera, “pero no es válido para establecer una prisión preventiva. ¿Quién tiene el ´peligrosómetro´?”, preguntó.
Por último, se le expuso un ejemplo imaginario. Un condenado por el delito de abusos a menores, que está libre mientras apela en otras instancias, y esa situación puede implicar riesgos para otros menores.
Para Carubia, esa presunción “parte de una base que no es real” y que indica que “los pedófilos o los abusadores tienen conductas permanentes. Esto técnica y científicamente no es así. Hay quienes tienen esa teoría de que el violador, el pedófilo o el abusador de menores es reincidente o serial. Y eso no es necesariamente así. El tema de la peligrosidad es muy sugestivo y muy difícil de demostrar. Conozco muchos casos de personas que han cometido delitos y luego de una condena no han vuelto a delinquir”.
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