| Desmintieron las acusaciones del mismo |
| Varisco contestó el informe de la Federal sobre el municipio | | |
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Se trata de un trabajo conjunto entre los defensores técnicos y los profesionales que integran los organismos de control del Municipio “que son independientes, tienen estabilidad y no fueron designados por esta gestión” destacó el informe del Municipio.
La primera afirmación del informe de respuesta es una “desmentida categórica”, según afirma, sobre la aseveración que hacen los peritos de la Policía Federal en cuanto a que habría habido un ingreso de 497 personas a la esfera del Municipio.
Cullen y Pagliotto presentan números que dan cuenta que el ingreso “fue de 166 personas con contratos de obra, pero con una baja de 46 personas por finalización del período en esa misma categoría. Mientras que con contrato de servicios ingresaron sólo 31 personas, y con una baja de cinco casos”.
En el escrito municipal se puntualiza que los peritos policiales “cayeron en el error de creer que hay personas con dos contratos, cuando en realidad hay trabajadores que tienen un contrato que se vence y luego se constituye otro contrato con una nueva situación de revista”.
Los abogados aportaron planillas y documentos para solventar su respuesta también en este punto. Y un dato que para la estrategia municipal es “central”: “En septiembre de 2017 había un total de 6.303 empleados y en mayo de 2018, un total de 6.177, es decir que en ese lapso hubo una reducción clara del personal: 126 empleados menos”, escribieron Cullen/Pagliotto para desmentir el crecimiento de la planta de personal.
Los letrados dedicaron el tramo final para refutar, largamente, que haya “manejo de fondos en efectivo en los niveles que señalan los peritos policiales”. Abundaron en explicaciones sobre diferencias de montos entre neto y bruto, en demostrar la trazabilidad bancaria, en describir responsabilidades dentro de la estructura administrativa y en mostrar cómo los movimientos se adecuaron “a las normativas y fueron analizadas por los estamentos de control interno”, precisa el documento.
A los letrados les llamó la atención que los peritos policiales “no sepan que cuando se depositan cheques de la propia cuenta (la Municipalidad), el banco lo considera como un depósito en efectivo y no bajo concepto de cheque de propia sucursal”.
En cualquier caso, los abogados Cullen y Pagliotto dejaron constancia que los movimientos “están bancarizados, las transferencias se hacen de modo electrónico y que si hay manejo de cheques es para el caso en que el beneficiario aún no mantiene una cuenta bancaria habilitada para poder cobrar”.
Negaron “categóricamente” que se esté dando el manejo de fondos en efectivo “fuera de las situaciones menores y habituales en cualquier municipio”.
Finalmente concluyeron que en la Tesorería General “no se realizan pagos en efectivo, ni a empleados, ni a proveedores de bienes y servicios, por lo cual rechaza tajantemente expresiones como la de los peritos policiales que hablan de una ingeniería financiera tendiente a librar dinero en efectivo”.
Tampoco, entendieron, existe impedimento “en que los proveedores estén dados de alta en los organismos tributarios con otros rubros, lo que no es constituye ningún obstáculo siempre que estén, sí, inscriptos como publicidad. Por eso, el informe policial erróneamente habla de otros rubros, como carnicería o funeraria a los que la Municipalidad de Paraná les paga publicidad, cuando en realidad eso no es cierto”.
En este punto, las autoridades municipales y los abogados del intendente sostuvieron que se paga publicidad “siempre que se constate la prestación a través de certificaciones correspondiente para cada soporte de medio de comunicación”.
“Es mentira que se pague publicidad a personas no inscriptas en el rubro, es mentira que se pague publicidad a personas que no estén inscriptas en AFIP como así tampoco en ATER ni en el organismo municipal correspondiente”, sostuvieron los abogados.
Cullen y Pagliotto desmintieron tajantemente que se haya producido algún caso al respecto y, tras un minucioso estudio de trazabilidad administrativa “demostraron que no hay doble pago de una prestación, y que si bien puede haber órdenes de pago, por centenares, con el mismo número, hay que reparar que unos tienen su número respectivo, con un subíndice 32 (ordenes de publicidad, subsidios, reconocimientos de gastos), mientras que otros tienen el subíndice 35 (concursos de precios, licitaciones públicas o privadas que se hayan llevado a cabo para seleccionar a contratistas)”, puntualizaron.
“No existen órdenes de pago mellizas, ni, por ende, acto irregular, ilegal o ilegítimo alguno”, indicaron al rechazar el informe enviado al juez Ríos.
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