| AGMER rechazó la implementación de la "Secundaria Federal 2030" | | |
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Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos damos a conocer a la comunidad nuestro posicionamiento con relación al Proyecto “Secundaria Federal 2030”, elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación y aprobado de forma unánime junto a los titulares de las carteras educativas de todas las provincias en el marco de la 84ª Asamblea del Consejo Federal de Educación, cuyos lineamientos se encuentran plasmados en los documentos “Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina” y “Criterios para la elaboración de los Planes Estratégicos Jurisdiccionales del Nivel Secundario” que forman parte de la Resolución CFE N° 330/17.
Siendo consecuentes con nuestras históricas reivindicaciones en defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación, como sindicato docente vemos con enorme preocupación el marco de consenso que vienen transitando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para proceder con la implementación de una reforma estructural del nivel, la cual esconde propósitos que se contraponen con los principios de soberanía pedagógica, inclusión educativa e igualdad de oportunidades que siempre vamos a defender.
El Proyecto “Secundaria Federal 2030” parte de un diagnóstico tendencioso y sesgado sobre los presuntos problemas que aquejan a la escuela secundaria, identificando y empleando de manera aislada indicadores basados en ponderaciones estadísticas que sirven para respaldar el argumento de que la educación pública se encuentra deteriorada y demanda una transformación urgente. Está claro que de ninguna manera planteamos un anquilosamiento del sistema educativo ni cerramos la puerta a cualquier tipo de debate que permita buscar mejoras, pero sí somos firmes en nuestra convicción de que tales cambios no pueden llevarse a cabo poniendo en riesgo algunos de los derechos más elementales de los jóvenes.
En primer lugar, vemos que al momento de avanzar en definiciones presupuestarias y curriculares se opta por conceder un rigor y protagonismo inaudito a los resultados de las pruebas estandarizadas (PISA, Operativo Aprender, Operativo Enseñar), a las que siempre hemos denunciado debido a que no constituyen aporte alguno al conocimiento exhaustivo de las necesidades de los establecimientos educativos, dado que son diseñadas en ámbitos tecnocráticos alejados de dicha realidad y demuestran un cabal desinterés por los procesos mediante los cuales los docentes y alumnos enseñan, aprenden y evalúan en las aulas, al mismo tiempo que ignoran los aportes de los verdaderos protagonistas de las instituciones educativas, que son quienes las habitan y nutren de forma cotidiana y cuentan además con la formación y experiencia para poder reconocer y afrontar los desafíos de cada comunidad.
También señalamos que con esta propuesta la escuela secundaria pasa a ser concebida como un insumo a medida de las demandas del mercado, donde se promueven modos de aprender basados en el emprendedurismo y el desarrollo de competencias, lo cual propicia un contexto individualista para las prácticas pedagógicas y encuentra respaldo en un paradigma meritocrático que desconoce las desigualdades sociales de origen y envuelve tanto a docentes como a alumnos en una aparente carrera para desarrollar talentos, los cuales no son otra cosa que la consecuencia más palpable del acceso inequitativo a las oportunidades de aprendizaje.
En cuanto a las prácticas profesionalizantes, observamos que las mismas vienen de la mano de lógicas vinculadas con la flexibilidad laboral, lo que contribuye a naturalizar entre los jóvenes el trabajo precario y moldear un pensamiento sobre el mundo laboral que se halla subordinado a lo que el mercado exige e impone. Es así como se consolida una manera de pensar la escuela como un privilegio, el cual es tanto más excluyente a medida que se pasa por los diferentes niveles del sistema educativo, de modo que se embiste abruptamente contra el principio de que la educación pública es un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado.
Es por esto que ratificamos nuestro categórico rechazo a la implementación de cualquier reforma de la escuela secundaria que se decida, planifique y ponga en marcha a espaldas de las comunidades educativas, puesto que entendemos que las mejoras estructurales deben generarse a través del debate crítico y reflexivo, el compromiso ético y político con las futuras generaciones y el intercambio democrático entre los diferentes actores que forman parte de la realidad escolar y la comprenden desde la cotidianeidad.
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