Cuando el Gobierno argentino comience a hacer un punteo del gasto para ver de dónde sacar recursos para lograr el equilibrio fiscal primario, si el Fondo Monetario Internacional (FMI) pide apurar el gradualismo, no tendrá muchas erogaciones en el Estado para recortar.
Bajo el supuesto de que la economía crezca este año el 2% y el 3% en 2019 y 2020, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, podrá apelar sólo a mantener la disciplina fiscal como la viene llevando hasta ahora, y a reducir subsidios a la energía y al transporte.
En un escenario menos exigente, podría obtener el déficit cero en 2021. Pero si tuviera que cerrar la brecha del Presupuesto el año próximo, no le alcanzaría con ello. Tendría que tocar algún componente sensible.
Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expone algunas de las alternativas que tendría el Gobierno argentino, las cuales están en cabeza del equipo que tendrá que negociar el Stand By con el FMI desde esta semana.
Un primer supuesto implica que el Gobierno decida apurar en 0,5 puntos del PBI la rebaja del déficit en forma anual, tal cual lo anunció para 2018. De ese modo, la meta para 2019 pasaría a ser 1,7 para 2020, 0,7, y cero en 2021. Para ir por ese sendero en el primer año habría que mantener un "comportamiento fiscal responsable", lo que implica gastos creciendo al ritmo de la inflación, a lo cual habría que aplicar una reducción de subsidios a la energía de 22% con relación a lo presupuestado en 2019. En el segundo año, con mantener el gasto no alcanzará. Habría que agregar la eliminación total de subsidios a la energía y que los que corresponden al transporte caigan 0,1 punto. Finalmente, para alcanzar la meta de 2020 bastaría con eliminar todas las ayudas estatales al transporte.
Un segundo supuesto sería que en el año próximo se achique el déficit en 0,5 puntos y se vaya al equilibrio en 2020. Para lograrlo, entonces, en ese segundo año del plan, habría que hacer un recorte de 1,2 puntos del PBI, que se lograría borrando de un plumazo todos los subsidios que queden a la energía y el transporte. En el tercer escenario, el más exigente de todos, el IARAF plantea que no sería suficiente con eliminar las ayudas del Gobierno a las tarifas de luz y los boletos de trenes y colectivos.
Habría que pasar del 2,7 % del PBI de este año a cero. Mantener el gasto en términos reales aportaría 0,7 puntos, por lo que habría que buscar los otros 2 puntos restantes. Si se eliminan todos los subsidios, habría que conseguir medio punto más "de otro componente del gasto primario", lo que implicaría tocar en alguna parte sensible.
El informe detalla que en 2017 el gasto primario quedó distribuido del siguiente modo: 54,5% prestaciones sociales 18,3%, salarios 5,3%,subsidios 3,8%, subsidios al transporte 3,5%, transferencias a provincias 3,5%, transferencias a universidades, 8,7% gastos de capital y 2,5%, otros gastos corrientes.
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