Con el diálogo interrumpido, la presunción de un año con una relación más tensa que los anteriores y María Eugenia Vidal como nuevo blanco de los reclamos. Así arrancó en 2018 el vínculo del Gobierno con las organizaciones sociales, luego del quiebre por la reforma en el cálculo de movilidad para ajustar las jubilaciones y la asignación universal por hijo. En la Casa Rosada advierten que se viene otra etapa en cuanto a las exigencias de asistencia y programas. Los referentes de los movimientos adelantan que a las protestas a la Nación por las urgencias de los sectores más vulnerables se agregarán en el verano pedidos a la provincia de Buenos Aires, por los recursos que recuperó por el Fondo del Conurbano.
“Se opusieron a la ley y lo entendemos, pero lo que decimos es que esperemos a ver qué pasa cuando se aplique. Que no hagan quilombo por las dudas, porque nosotros no es que por las dudas bajamos los programas. Siempre van a pedir más, por la ley o por lo que sea”, dijo a Clarín un funcionario del Gobierno con trato cotidiano con los referentes de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC, el triunvirato de organizaciones que hasta el año pasado llegaron a acuerdos con Carolina Stanley –ministra de Desarrollo Social- y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
Como ocurre con las jubilaciones, la AUH ajusta por la fórmula de la movilidad. Con el cambio, perderán ingresos este año respecto a los proyectados con la fórmula anterior.
Pese a la tensión por este tema, en la Casa Rosada reconocieron que las columnas de esos movimientos se retiraron de la plaza de los dos Congresos durante las siete horas horas de mayor violencia en la jornada de la reforma previsional. “Vimos que se fueron todos, quedaron el trotskismo y algunos gremios chicos. Ellos fueron responsables, actuaron bien”, marcó un hombre que siguió en detalle, desde la calle, los movimientos en aquella protesta.
“Para nosotros la movilización tenía que ser pacífica. Ahora, el Gobierno hace todo al revés: genera escenarios muy complejos al meterles la mano en el bolsillo a los sectores más humildes y respuestas violentas de las fuerzas de Seguridad. Si ése es el camino el país va a estar inestable en términos sociales”, aseguró a este diario Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
“Estamos esperando que nos convoquen. Las organizaciones somos un termómetro, saltamos cuando abajo la temperatura está caliente”, advirtió Juan Grabois, de la CTEP y cercano al Papa Francisco. A diferencia de los primeros dos años de Mauricio Macri, los contactos de Quintana, Stanley y Jorge Triaca –ministro de Trabajo- con los movimientos quedaron congelados. En Desarrollo Social estimaron que promoverán un encuentro en febrero.
El llamado triunvirato de San Cayetano -con vínculos con Oscar Ojea, presidente del Episcopado sus dirigentes viajarán en 10 días a Chile para la visita del Papa- prepara para ese mes movilizaciones más allá de esa reunión. Una será en La Plata para reclamarle a Vidal participación en la decisión y la implementación del destino de los 40 mil millones de pesos de compensación por el Fondo del Conurbano.
“Como gran parte de la plata va a la burocracia política de las provincias vamos a reclamar ahí, especialmente a Buenos Aires, para discutir y disputar el diseño de las políticas públicas”, adelantó Grabois. En esa marcha pedirán una reunión con la gobernadora, para plantear las prioridades de las obras –acceso al agua potable, conexión seguro de electricidad y cloacas-, los barrios de bajos recursos en las que deberían concretarse y la contratación de integrantes de cooperativas. "Esa plata debe volver al bolsillo de los más humildes de forma clara”, reforzó Menéndez la estrategia.
En el Gobierno nacional rechazaron cualquier condicionamiento. “No se pueden arrogar la representación de todos los sectores populares. Y si por cada obra hacemos una asamblea, no se puede gobernar”, descartó un funcionario abocado al tema.
“El Fondo del Conurbano es un reclamo histórico y las organizaciones coincidían en que la provincia era insostenible, pero los 40 mil millones de este año no es plata extra, agregada. Ya estaban presupuestados y se iban a terminar usando pero con deuda”, buscó desactivar expectativas uno de los dirigentes que negociará en nombre de Vidal. En La Plata también consideraron que el objetivo de las protestas será “desgastar” a la gobernadora, de cara a 2019.
A su vez en Nación advirtieron que se viene otra etapa en la relación con las organizaciones, y que sumado al objetivo de bajar el déficit fiscal en principio no habrá asignación de nuevos programas sociales: “Todo es dinámico pero creemos que no, que ya es momento de que dejen de tensar la cuerda”.
Las organizaciones también armarán una movilización en febrero por la declaración de la Emergencia Alimentaria. “El Gobierno no tiene ninguna orientación sobre cómo abordar la exclusión social”, subió el tono Grabois.
“Tienen que dejar de tirar de la cuerda, ya no tienen la misma legitimidad”, insistieron en Balcarce 50 y remitieron a que cerca de la mitad de los beneficiarios de programas sociales votaron a Cambiemos en octubre, según estimaciones en base a encuestas, focus groups y el análisis de georreferenciación del voto que usó el macrismo.
“No cuestionamos la legitimidad del Gobierno, sí el recorte de las jubilaciones y la AUH. En eso el 90% está en contra”, diferenció Grabois.
En la actualidad, hay unos 400.000 subsidios por programas del ministerio nacional de Desarrollo Social. Estaba $ 4.430 y pasará a $ 4.750 este mes, la mitad del salario mínimo, vital y móvil. En paralelo, se distribuyen otros 50.000 programas del Ministerio de Trabajo.
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