Estamos asistiendo a la realidad de un país inesperado. Ni el más sabio y experimentado de los analistas políticos podría haber imaginado que con la llegada de Cambiemos al gobierno estaríamos hoy en la situación de indefensión institucional a la que están siendo sometidos no solo los directamente afectados para la cacería política desatada por el Poder Judicial que actúa en coordinación con la Casa Rosada, sino toda la ciudadanía. Están en peligro también aquellos que hoy festejan y aplauden apoyados en el rencor político o en la sed de venganza. Porque la institucionalidad democrática avasallada con perversión y mezquindad genera una forma de estado de excepción no declarado a partir de cual desaparecen las garantías individuales. Y esta situación de hecho, que hoy afecta a aquella parte de la oposición que "pone palos en la rueda", mañana puede castigar hasta por discrepancias menores a los hoy festejantes de la medida.
Mediante la operación judicial el Gobierno está restringiendo sistemáticamente las fronteras de la democracia, arrasando con derechos esenciales, comenzando por la libertad de las personas. El espacio político se reduce a tal punto que ni siquiera cabe en los estrechos márgenes de ciudadanía aceptados teóricamente por la derecha política que gobierna el país y que se llenó la boca de palabras vacías hablando de "diálogo" e "institucionalidad".
Se traspasaron todos los límites. El cinismo discursivo y las operaciones mediáticas no alcanzan para tapar las violaciones montadas sobre aberraciones jurídicas. Y triste, lamentable y peligrosamente, por el camino que estamos transitando como sociedad y como comunidad política se pueden seguir sumando muertes a las ya cosechadas. Es la prepotencia del poder que no repara en los medios y los justifica todos para alcanzar sus fines.
Estamos frente a un país inesperado, porque habíamos comenzando a confiar en la solidez de una democracia que construimos no sin sobresaltos y dificultades. Es inesperado porque desde el Gobierno, usando al Poder Judicial como escudero, se judicializa la política, se sanciona a los que piensan diferente, se amenaza y se silencia a las voces disidentes. Pero también es un país inesperado porque la sociedad, la comunidad ciudadana, sigue mostrando falta de reflejos, de reacciones rápidas y oportunas que le pongan freno a la cacería política desatada.
Hay responsabilidad compartida. La mayor, sin duda, es de quienes amparándose en el fraude institucional y en la mentira sistemática utilizan ilegítimamente los recursos legales para obrar en contra de la vigencia de los derechos. Pero también son responsables quienes, desde cualquier lugar de la oposición, continúan anclados en rencores y en diferencias -grandes o pequeñas- sin advertir que lo que se está perdiendo es el patrimonio de la democracia, la base de la convivencia, el sostén de la calidad de vida en todos sus niveles.
Seguramente no hay fórmulas conocidas para salir de esta encrucijada. El Gobierno y sus aliados ya mostraron sus cartas. Y nada indica que cambiarán el rumbo, no obstante algunos de quienes integran las filas del oficialismo ya hablan en voz baja mostrándose alarmados por lo que ocurre y, cuando menos, dejan de aplaudir. Saben que sembrando odio no se cosechan buenos frutos. Desde el lugar de la ciudadanía consciente de los daños producidos, de sus consecuencias y de los riesgos que se avecinan con efectos devastadores cual huracán tropical, no podría seguir postergándose la reacción. Esto es: una respuesta unificada que aglutine en torno a la defensa de los derechos fundamentales, más allá de las diferencias políticas que -aún siendo importantes- pasan a ser casi irrelevantes frente al desquicio perpetrado. Porque lo que está en riesgo son los valores de la convivencia social y política. Frente a un país inesperado habrá que hacer esfuerzos inimaginables para sumar inteligencia y creatividad. De lo contrario serán muchas más las pérdidas de todo tipo que tengamos que seguir lamentando.
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