| Definiciones de la ministra política del gobierno entrerriano |
| “Siempre preocupan las causas por corrupción contra los funcionarios” | | |
 Rosario Romero está transitando sus primeros pasos al frente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. En una entrevista con Página Judicial habló de su nuevo rol, le puso contenido a la reforma judicial, negó que se esté pensando en reducir el número de miembros del STJ, se refirió la preocupación que le generan al Gobierno las causas por corrupción que rozan a actuales y ex funcionarios y defendió la voluntad de avanzar en la adhesión a la ley de narcomenudeo. |
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Fecha:28/11/2017 11:23:00 
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La ministra Rosario Romero atiende a Página Judicial en su despacho, poco después de las dos de la tarde de un viernes ajetreado, según dice, como han sido todos los días desde que asumió y como seguramente serán los próximos, cree también.
La realidad es que desde el 1 de noviembre está al frente de un área con una influencia política fuerte (“el Ministerio de Gobierno ha sido históricamente el ministerio político y es el que más atravesado está por la institucionalidad”, lo define), y más aún en tiempos en que la agenda pública está emparentada con temas y discusiones judiciales: reforma judicial y del sistema penitenciario, narcomenudeo, seguridad, las causas por corrupción que rozan a actuales y ex funcionarios.
Ella no esquiva ninguna pregunta y entre las definiciones que deja en la entrevista asegura que “hoy no es un tema en tratamiento” la reducción del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) admite la necesidad de introducir modificaciones al nuevo Código Procesal Penal de la provincia, aunque también se permite criticar a quienes ejercen tareas de defensa particular porque “no han generado los recursos suficientes como para tener la igualdad de armas que se reclama con los fiscales” y defiende la ley de narcomenudeo porque hay barrios “en que los vecinos dicen dónde se vende la droga y ven que no podemos actuar con la Policía, por más que estén en flagrancia, en razón de las directivas de los jueces federales de no intervenir sino de hacer un seguimiento que los vaya llevando al narcotraficante grande”.
La reforma judicial en marcha
–¿En qué consiste la reforma judicial que anunció el gobernador Gustavo Bordet en su discurso ante la Asamblea Legislativa?
–A principios de año, después de la crisis que hubo con denuncias contra miembros del Superior Tribunal de Justicia y en torno a los gastos reservados, uno de los temas que tocó el gobernador fue la importancia de modificar ciertas estructuras relacionadas con la estructura del Poder Judicial, lo que llamó reforma judicial.
–Aunque en ese momento no se dieron precisiones, hay algunas señales, como la implementación del juicio por jurados, por ejemplo. ¿Le parece viable?
–Es un tema que hemos conversado desde el primer día y me parece que es un modo de introducir la mirada ciudadana en el sistema judicial y en el juzgamiento de los delitos penales. Estaría previsto para delitos graves, pero hay que discutirlo en la Legislatura y queremos escuchar qué piensa la ciudadanía sobre la posibilidad de juzgar. Pero estamos convencidos de que es un modo de democratizar la justicia.
–¿Por qué el juicio por jurados sólo se plantea para causas penales?
–Hay países anglosajones que tienen el jurado también para cuestiones de familia. En mi concepto, el sistema de oralización de procedimientos, la introducción de tecnología y la despapelización van a mejorar muchísimo el acceso a la justicia, por ejemplo, en los procedimientos laborales, los procesos de familia y los procesos civiles en general.
–Otro tema que está sobre la mesa es una posible reforma del Código Procesal Penal. Usted trabajó con los dos sistemas, el acusatorio y el mixto, y si bien la instrumentación del nuevo Código ha sido celebrada, tiene críticas, fundamentalmente de quienes ejercen tareas de defensa. ¿Se está pensando en hacerle modificaciones al Código vigente?
–Acá hay una cuestión central. Cuando a fines de la década del sesenta y principios del setenta los cordobeses, que fueron los pioneros, generaron el código mixto estaba imaginado para que la parte de instrucción escrita, fuera breve, acotada en el tiempo y suficiente como para elevar a juicio las causas que lo justificaran. Como los argentinos en general tenemos una cultura muy ligada al papel y a lo escrito, el espíritu originario del sistema mixto se fue desnaturalizando y empezamos a hacer instrucciones enormes y juicios breves, acotados y, muchas veces, en una práctica que fue muy mala, tomando toda la prueba en la instrucción y reproduciendo o dándola por reproducida en el plenario. Esa fue una desnaturalización que hizo que el proceso mixto fuera muy cuestionado. Ahora tenemos que ir cambiando esa cultura del papel por la oralidad, privilegiando el contacto humano. El proceso acusatorio es bueno, evoluciona por sobre aquel mixto, pero tiene una clave: tenemos que tener una fiscalía fuerte, una defensa fuerte y jueces que sean quienes diriman las cuestiones entre las partes. ¿Qué nos viene pasando a los entrerrianos? Que tenemos una fiscalía fuerte, pero todavía no hemos generado desde la abogacía independiente y desde el sistema judicial una defensa que esté en el mismo rango, importancia o vigor. Está muy bien que el Ministerio Público Fiscal sea vigoroso, está muy bien que la investigación penal preparatoria le dé a los fiscales muchas libertades respecto de la investigación todavía falta eso del otro lado, no tanto por los defensores estatales, que han tomado conciencia de esto, sino del lado de la abogacía, que no tenemos o no hemos generado los recursos suficientes como para tener esa igualdad de armas con la fiscalía. Eso provoca que a veces los que venían trabajando con su imaginario puesto en el sistema escrito, se queden esperando que el juez o el fiscal resuelvan, cuando en realidad tiene que ser mucho más activa la labor de la defensa.
–¿Eso es un problema del Código o es algo que está en la cabeza de los operadores judiciales?
–Yo creo que es más de la cabeza de los operadores judiciales. Sin embargo, soy abierta a que ciertos aspectos puedan ser revisados para que haya esa igualdad de armas. Por ejemplo, que la defensa y la fiscalía tengan la misma posibilidad para la utilización de peritos o darles a los Jueces de Garantías mayor envergadura para que puedan adoptar resoluciones, no sólo en equilibrio sino respecto de cuestiones que hoy no se están resolviendo. Pero creo que los ajustes son mínimos y que pasa más por nuestra cultura, por el imaginario de la defensa de que debe hacer un acopio de prueba, que debe ser tan activa y tan informal como los fiscales e incluso con algunas ventajas porque no tiene obligación de revelar qué pruebas está recabando sino que las tiene que ir acopiando, mientras que el Ministerio Público Fiscal sí está obligado a que las partes conozcan en todo momento qué pruebas está acumulando.
–Las estadísticas muestran una prevalencia de juicios abreviados por sobre los juicios orales. ¿Es un tema que debería ser revisado?
–Creo que el juicio abreviado funciona. Si bien hubo críticas en algunos sonados casos, estoy convencida de que si en esos casos hubiera habido juicio, el tribunal habría aplicado sentencias más leves. Me parece que el juicio abreviado es una herramienta útil porque quien se somete a una pena en un juicio abreviado está asumiendo culpabilidad y eso es muy importante para el sistema de derecho.
La lupa sobre el STJ
–¿Cómo está la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial?
–De respeto recíproco e independencia respecto de las competencias de cada uno. Nosotros no vamos a interferir en el direccionamiento de las investigaciones ni cómo se resuelven las causas en general. Sí, seguramente desde la Legislatura se buscará ir modificando las normas jurídicas y desde el Poder Ejecutivo seguiremos colaborando con nuestras sugerencias y aportes.
–Después de los procesos de juicio político que hubo contra vocales del STJ se planteó la posibilidad de hacer modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Hay en carpeta algún proyecto en ese sentido?
–No lo hay en este momento, pero lo habrá. No tenemos un ámbito en el que estemos revisando la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero está en la intención del gobernador trabajar sobre algunos temas que hacen al buen funcionamiento de la justicia, porque procurar el buen funcionamiento de la justicia, el acceso y la mejora del sistema judicial es una preocupación permanente de los tres poderes del Estado.
–¿Se piensa en reducir el número de miembros del STJ?
–Siempre está abierto al análisis, pero hoy no es un tema en tratamiento.
–¿Cuánto le preocupan al Poder Ejecutivo las causas por corrupción que involucran a funcionarios o ex funcionarios?
–Siempre preocupa, pero lo que básicamente se asume es que estamos en la función pública y estamos más expuestos por estar en la función pública y el grado de exposición a las críticas también implica un grado de exposición a las denuncias, a los cuestionamientos en el Poder Judicial. Creo que siempre hay que ponerse a disposición de los procesos judiciales, colaborar con las investigaciones y respetar las sentencias.
El Gobierno y la ley de narcomenudeo
–¿Por qué la provincia pretende adherir a la ley de narcomenudeo?
–Desde que se sancionó la Ley Número 26.052, que les permite a las provincias investigar el pequeño delito vinculado al narcotráfico, hubo provincias que adhirieron, como es el caso de Buenos Aires, Córdoba y Salta, con el temor o la preocupación de que cuando la Justicia Federal emprende procedimientos contra el narcotráfico, a veces, deja de actuar frente al narcomenudeo en la inteligencia de perseguir al de mayor volumen de narcotráfico. Nosotros agregamos otro razonamiento que tiene que ver con la ciudadanía: hay barrios de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay o distintos lugares de la provincia, que están claramente identificados, en que los vecinos dicen dónde se vende la droga y ven que no podemos actuar con la Policía, por más que estén en flagrancia, en razón de las directivas de los jueces federales de no actuar sino de hacer un seguimiento que los vaya llevando al narcotraficante grande. Eso hace que se haya naturalizado el narcomenudeo en nuestros barrios e incluso haya quienes vean y comparen su situación económica particular trabajando en una actividad lícita con otros que trabajan en una actividad ilícita sin mayores inconvenientes porque la Policía no llega o no actúa y tienen una moto nueva, un auto nuevo o mejoran su casa. Esta situación preocupa y mucho. En Córdoba, por ejemplo, la situación de los barrios mejoró mucho a partir de la adhesión a la ley nacional. Igualmente compartimos la preocupación para que haya un perfecto ensamble entre la Policía provincial y las fuerzas nacionales y con las directivas de los jueces federales para no truncar las investigaciones sobre los grandes narcotraficantes. Habrá que hacer un mayor esfuerzo de imaginación y trazar nuevas estrategias para que se puedan combinar ambas cosas.
–Las estadísticas en aquellas provincias que adhirieron a la ley nacional hablan de que hubo un aumento en la cantidad de causas por los denominados kioscos de droga, pero que se han frustrado posibles investigaciones hacia los delitos más complejos y que al fraccionar las formas de investigación se pierde de avanzar hacia los eslabones superiores del negocio. ¿Es posible compatibilizar ambas acciones?
–Creo que sí, hay que usar la imaginación y poner sistemas de investigación que sean tan dinámicos como es el delito, como el uso de drones y aviones, por ejemplo. El Estado debe echar mano de nuevas estrategias. Si vamos cerrando los kioscos de venta de estupefacientes también habrá una disminución en la ubicación del producto ilegal de parte de los grandes y veámoslo de otra manera: si cerramos las sucursales, el que abastece se va a ver perjudicado y en algún momento vamos a poder llegar a él.
–¿Qué hay de la necesidad de hacer un abordaje más integral y aportar soluciones de fondo en aquellos barrios donde los vecinos son víctima de los narcotraficantes que les ofrecen un modelo de hacer plata fácil y en muchos casos cumplen funciones que debería tener el Estado?
–En la exposición que hizo en el Sendo, la presidenta del Copnaf (Marisa Paira) planteaba la necesidad de pensar que podría haber padres en prisión y niños que a veces no tienen una familia que los pueda contener y hablaba de pensar en lugares de tratamiento. Además, la Ley Número 26.052 asegura fondos nacionales a las provincias que asumen la obligación de investigar y juzgar el narcomenudeo. En la provincia tenemos en proceso de construcción, con un avance de obra muy importante, un centro de tratamiento de adicciones en Paraná, hay otro en Colón que está funcionado pero es ambulatorio y hay centros privados, para lo cual es necesario incrementar las becas del Sedronar porque constituyen una pata fundamental para asistir a los soldaditos, que en muchos casos venden drogas para seguir consumiendo. El Estado debe estar atento a todo eso y realizar un abordaje dinámico, pero nos va a llevar mucho trabajo y muchas demandas a la Nación que esperamos sean atendidas.
–¿Qué pasaría si la respuesta de la Nación es negativa en cuanto a la remisión de los fondos?
–(Silencio) Vamos a intentar hacerlo igual. Pero no tendría que ser negativo porque la Ley Número 26.052 asegura los fondos a las provincias que adhieran, así que vamos a pedir que se cumpla y estoy segura de que legisladores del oficialismo y de la oposición van a acompañar este proceso para que el Gobierno nacional aporte los fondos en el combate al narcotráfico, porque así lo han manifestado.
–Hay otra cuestión que está relacionada con la ley de narcomenudeo, aunque va más allá, que es la decisión de construir una nueva cárcel debido al colapso del sistema penitenciario. Esto fue anunciado por el gobernador e incluso se incluyó una partida en el presupuesto de este año. ¿En qué estado está esa idea?
–El gobernador ha conversado sobre ese tema con el ministro del Interior (Rogelio Frigerio) y con otros funcionarios de las áreas competentes del Gobierno nacional y una de las posibilidades que tiene la provincia es a través de la sanción de los emprendimientos público-privado, es decir, que haya financiamiento que provenga de sectores privados con un pago de alquiler de las instalaciones de parte de la provincia por una determinada cantidad de años y que se licite como un emprendimiento de estas características. Otra alternativa es que parte del costo lo asuma la Nación, que ya le paga a la provincia un canon por el albergue de los presos federales. Pero el gobernador tiene especial interés en la construcción de otra cárcel porque sabemos que profundizar la investigación del narcotráfico puede incrementar la población carcelaria en un sistema que ya está colapsado en virtud de la implementación del sistema acusatorio.
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