Comenzó el juicio contra el ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso
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Delitos de lesa humanidad en la dictadura
Comenzó el juicio contra el ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso
 
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Alfonso permaneció cuatro años prófugo en Paraguay y se entregó en julio del año pasado.

Juliana Inés García Recchia, la hija mayor de Beatriz Recchia y Domingo Antonio García, declaró el martes en el juicio en el que están siendo juzgados Alfonso y el ex capitán de inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader.

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Fecha:12/10/2017 10:31:00 
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“Viví con ellos 3 años y 13 días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos, que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos”, dijo Juliana Inés García Recchia, la hija mayor de Beatriz Recchia y Domingo Antonio García, cuando declaró, el martes, en el juicio en el que están siendo juzgados dos ex integrantes de la guarnición militar de Campo de Mayo que hasta ahora no recibieron condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar: el general retirado Eduardo Alfonso y el ex capitán de inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader.
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de San Martín, integrado por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Rodríguez, comenzó el juicio el martes. López Fader está acusado por la privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, y por el secuestro, torturas y la tentativa de homicidio de Juan José Fernández, ocurridos en 1977. Alfonso, quien al igual que su colega negó haber participado de la “lucha contra la subversión”, está imputado por la privación ilegal de la libertad de Recchia (quien se encontraba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada junto con su hija Juliana), y por el homicidio de García.
Alfonso, quien se desempeñó como secretario general del Ejército durante los gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, permaneció cuatro años prófugo en Paraguay y se entregó en julio del año pasado, un mes después de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reuniera con miembros de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, promotores de la impunidad a los represores. Antes de escaparse al Paraguay, Alfonso había sido detenido en 2008, pero los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, subrayaron la posibilidad de que Alfonso no conociera “la finalidad” del operativo de secuestro de la familia García Recchia y el juez de primera instancia dictó su sobreseimiento. En 2011, la Cámara conformada por Barral y Fossati, más la incorporación de Juan Manuel Culotta -flamante juez electoral de Buenos Aires- ratificaron el sobreseimiento de Alfonso, y sostuvieron que el represor pudo haber entendido que el procedimiento para el que había sido convocado “era legítimo” porque todos sus participantes iban “vestidos de combate”, a pesar de que varios testimonios aseguraban que habían ido de civil, de madrugada, sin orden de allanamiento ni identificación.
A partir de la insistencia de Abuelas de Plaza de Mayo, la jueza Alicia Vence revocó el fallo y ordenó nuevamente la detención de Alfonso, quien bajo el alias de Walter Ramón Fariña Falcón ya se encontraba prófugo. Tras su entrega el año pasado y la unificación de su causa con la de Fader, ayer comenzó a ser juzgado.
Beatriz Recchia estuvo secuestrada en “El Campito”, que funcionó en el extenso predio del Ejército, y durante su cautiverio, en mayo de 1977, dio a luz a una niña que recuperó su identidad en febrero de 2009. Juliana, la hija mayor de la pareja, dio su testimonio el martes. Repasó el operativo de aquel día en su casa de Villa Adelina, realizado por efectivos del Ejército vestidos de civil. “Que tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron”, reclamó Juliana al ex secretario general del Ejército.
En 2011, Abuelas había solicitado el juicio político de los camaristas por “garantizar la impunidad” de Alfonso, pero tres años después, vencido el plazo para impulsar la acusación, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia.
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