Siete de cada diez imputados por delitos de lesa humanidad están sin condena
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Informe de la Procuradoría sobre el estado de los juicios
Siete de cada diez imputados por delitos de lesa humanidad están sin condena
 
Ver imagen Sobre 2780 militares, policías, eclesiásticos y civiles acusados en la última década, 750 fueron condenados y 77 absueltos. Ya hay más imputados libres que detenidos: 1149 contra 1044. Además, el informe revela las demoras que sufren las causas judiciales.

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Fecha:22/03/2017 11:18:00 
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A una década de los primeros juicios tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, siete de cada diez imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura todavía no recibieron ninguna sentencia. Los 750 condenados y los 77 absueltos, que convierten a la Argentina en ejemplo a nivel internacional de cómo enfrentar la impunidad de crímenes masivos cometidos desde el propio Estado, representan sólo el 30 por ciento de los 2780 militares, policías, eclesiásticos y civiles imputados por fiscales de todo el país. El dato surge de un exhaustivo informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, que pone en evidencia con datos duros las demoras de los procesos en curso –el caso extremo es el megajuicio de la ESMA, que comenzó en noviembre de 2012 y que en la última semana tuvo apenas dos audiencias de tres horas– y la situación privilegiada que atraviesan los viejos represores: más de la mitad están libres y una cuarta parte goza de arresto domiciliario.
Desde las condenas a Julio Simón y Miguel Etchecolatz en 2006, son 827 las personas que recibieron sentencia en juicios orales o escritos por delitos cometidos al amparo del terrorismo de Estado. La Corte Suprema de Justicia confirmó sólo 187 condenas (el 25 por ciento) y 13 absoluciones (17 por ciento). Las amplias garantías que rigen los procesos quedan en evidencia no sólo por casi un diez por ciento de absueltos (77), sino también por las faltas de mérito (153) y los sobreseimientos (53), que le evitaron llegar a juicio a más de doscientos imputados por el Ministerio Público Fiscal.
El análisis del estado de causas pone en evidencia el largo camino que aún resta recorrer. Sobre un total de 593 expedientes (muchos producto de unificaciones que permitieron juzgar “megacausas”), hasta el 2 de marzo último se había dictado sentencia en sólo 175 (29 por ciento). El grueso de causas, 284 (48 por ciento), está en etapa de instrucción, incluidas 42 en las cuales sus fiscales pidieron la elevación a juicio. A juicios en curso corresponden 16, incluso algunos iniciados en 2012 (ESMA), 2014 (a Otilio Romano y otros ex magistrados de Mendoza) o 2015 (San Rafael y Salta). De otras 118 (20 por ciento) elevadas a la instancia de juicio oral y público, que abarcan a 280 acusados, surge otro dato alarmante: apenas cinco tienen fecha de inicio confirmada. “El universo de causas en instrucción es el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio) hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz”, señala el informe de la Procuraduría a cargo del fiscal Jorge Auat.
El número de procesados por jueces o cámaras federales (794, el 28 por ciento del total) ratifican el amplio universo de acusados técnicamente impunes. Más lejos aún del banquillo están quienes fueron acusados por fiscales pero no fueron citados a indagatoria (411, el 14,5 por ciento) o bien fueron indagados pero los jueces no resolvieron su situación (27). A ellos deben sumarse quienes se beneficiaron por la larga noche iniciada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y murieron sin llegar a ser juzgados (467, el 17 por ciento) y los 45 prófugos, cifra estable también durante la última década.
Los imputados que atraviesan procesos en libertad (1149) son más que los detenidos (1044). Este universo incluye a su vez un amplio número de represores con arresto domiciliario (518) y a 65 alojados en centros de salud o en la denominada “Unidad 34” de Campo de Mayo, ex sede del mayor centro clandestino del país, del que varios tribunales ordenaron retirar a los imputados a su cargo luego de que la Procuraduría de Lesa Humanidad constatara que no cumple con elementales condiciones de seguridad.
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