La nacionalización del conflicto docente, que derivó en la convocatoria a dos días de paro al inicio del ciclo lectivo, el 6 y 7 de marzo, es un dato que a veces no se dimensiona adecuadamente cuando se aborda el resultado de la paritaria en cada provincia.
Si la decisión del macrismo, al no llevar adelante la denominada paritaria nacional docente, era dejar a los gobernadores al frente del problema con todo el costo político del caso puede decirse que en alguna medida lo está logrando. Incluso parece haber tenido una repercusión menor a la magnitud del efecto generado, la decisión de congelar a 2016 los montos del Fondo del Incentivo Docente, entendiendo que el aumento del fin de año pasado cubre la pauta de inflación prevista para este.
La situación generada en torno a la negociación salarial con los gremios docentes, y con los otros sindicatos de trabajadores estatales en general, coloca al gobierno provincial ante el riesgo de dos interpretaciones que le juegan en contra, más allá de que en este contexto tengan un peso relativo.
Por un lado, alguien podría suponer que existe una postura obcecada de fijar en 18% el máximo del aumento ofrecido sin tomar en cuenta la posibilidad de extenderlo uno o dos puntos porcentuales más (aunque eso no zanjaría las diferencias, ya que la demanda de los gremios duplica la ofertado). Otros podrían suponer que la postura del gobierno provincial es el resultado de un alineamiento político a rajatabla con el gobierno nacional.
El Ejecutivo provincial les presentó a los gremios una propuesta de recomposición salarial de un 18% anual en tres tramos de 6% para los meses de marzo, julio y octubre con una cláusula de revisión mensual para ajustar al índice inflacionario fijado por el Indec, dejando establecido que la paritaria se mantiene abierta durante todo el año.
La realidad de los números de la Provincia es anterior a esos planteos, ya que limita desde el vamos a la administración de Gustavo Bordet para imaginar una suba superior al 18%. La suba salarial deberá afrontarse con mayor recaudación, la que será generada básicamente por el proceso inflacionario. Actualmente el 90% de los recursos financieros de la Provincia van al pago de salarios. De cada 100 pesos, 90 va a sueldos y con eso no se cubre la totalidad de la masa salarial por lo que debe recurrirse a un permanente mecanismo de adelantos de coparticipación y endeudamiento a corto plazo. En este contexto, resulta improbable plantear un mayor aumento que el que augura la suba de la recaudación atada a su vez a la inflación.
Esta descripción no implica una mirada aprobatoria, dado que es evidente la caída del poder adquisitivo de los salarios durante 2016 en cualquier rama laboral, y siempre con porcentajes que se expresan con dos dígitos. Lo que muestra, en todo caso, es el escaso margen de acción de Entre Ríos, como de la mayoría de las jurisdicciones provinciales.
Lo que surge del escenario financiero de la Provincia es un escenario en el que pierde sentido especular sobre si el gobierno provincial tendría chances y/o determinación para diferenciarse de la política nacional en materia de salarios, salvo que sea casi como un ejercicio intelectual, porque de las previsiones no surge un margen económico para dar un mayor incremento.
Los extremos en tensión no son demasiado diferentes a los de otros años en la puja en la determinación de subas salariales. Por un lado están los trabajadores, que saben que las remuneraciones vigentes fueron acordadas hace un tiempo y que durante ese lapso padecieron el efecto negativo de la inflación, por lo que demandan una recomposición de sus sueldos para restaurar su capacidad adquisitiva. Y enfrente está el empleador (en este caso el Estado) que tiene una proyección de sus ingresos y sostiene que no puede comprometerse a dar aumentos por encima de esa pauta.
A diferencia de discusiones salariales anteriores, en las que en base a la negociación se lograba estirar el aumento ofrecido en algunos puntos (como ocurrió con los gremios docentes el año pasado), esta vez parece no haber margen para negociar, ya que los límites de movimiento impuestos por las políticas económicas nacionales son acotados, mucho más que en marzo del año pasado.
La oferta del 18% parece así ser la primera y la última. Esa desagradable sinceridad en la negociación surge de un contexto donde lo nacional tiene y seguirá teniendo un peso determinante. Aún en un escenario donde parecen existir chances concretas de que al término de 2017 la inflación no haya sido mucho mayor al 18%, porque si eso ocurriera sería por un mayor efecto de la retracción del consumo originada en la caída real de los salarios.
El único plus que tiene a mano el gobierno provincial es la referencia a una cláusula de ajuste por inflación, un mecanismo de actualización que no está exento de riesgos y puede resultar un compromiso de cumplimiento incierto. Ese ajuste por mayor inflación, de existir, debería afrontarse con la mayor recaudación generada por ese proceso inflacionario (ya que son muy moderadas las expectativas de crecimiento económico). Pero igualmente ese mecanismo no resulta indefectible: el año pasado el freno de la actividad económica fue tan marcado determinó que la recaudación no acompañara a la inflación real.
La recaudación provincial correspondiente al período enero -diciembre 2016 aumentó 34% respecto de 2015 mientras que la recaudación nacional tuvo un crecimiento acumulado interanual del 27,7% (sin contabilizar el efecto del blanqueo de capitales), según datos deATER y de AFIP respectivamente. En ese mismo período la inflación fue del 40,3% según el denominado IPC – Congreso y del 41% según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medición de la inflación que se adoptaría para implementar esa cláusula gatillo es también uno de los cuestionamientos que los dirigentes gremiales señalaron en las primeras reuniones de paritarias, dado que se anticipó que se tomarán los datos del Indec.
Fuente: UNO
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