Para abordar la instituida Reparación Histórica de los haberes de los jubilados nacionales, no preciso más que reunir elementos de mi propio caso y exponerlos con la perdurable palabra escrita, sin poder evitar el uso de la primera persona del singular. Por ahora, la buena noticia es que el reajuste que me corresponde es de casi el 80 por ciento de lo que cobro en la actualidad, según la comunicación oficial, por medio de Internet. El parcial contraste es que la liquidación efectiva depende de un trámite, con intervención de la justicia federal, en un tiempo que está por verse. Desovillando el tema, resulta que mi relación con el régimen previsional registra aristas comunes con la generalidad de los afiliados y alguna singularidad que, en la acumulación, conforman la fragmentada memoria de un jubilado con los requisitos ordinarios.
La calidad de jubilación ordinaria la determina la ley específica: 65 años de edad (los varones) y no menos de tres décadas de aportes.
La credencial plastificada, extendida por la Administración Nacional de Seguridad Social, señala que soy titular del beneficio número 15-0-8510446-0-8, otorgado en agosto de 2001, cuando estaba por estallar la crisis política, económica y social largamente incubada.
La cuestión es que la suma de mis sueldos en actividad, con certificadas retenciones para la Anses, se redujo al 43 por ciento al pasar por la ventanilla de jubilado. Dejé en suspenso la alternativa de recurrir a la Justicia. Mientras tanto, seguí aportando hasta 2011, en condición de docente universitario y como monotributista de producciones periodísticas.
Como no hay efectos sin causas, cabe el sobrevuelo retroactivo sobre la Anses. En 1991, en el marco de la Convertibilidad y la Reforma del Estado, se creó el ente que aglutinó a las cajas
existentes, a nivel nacional. Fue el prólogo del objetivo crucial en el ideario neoliberal: abrir espacio al capital privado, que entendió a la previsión como un negocio. Sin ocultar intenciones, los que resolvimos quedar en la órbita de Anses debimos manifestar la opción mediante declaración jurada. A la menor distracción, se procedía con el hecho consumado de transferir al afiliado al campo de alguna Administradora de Fondos de Jubilados y Pensionados, dada a conocer en el mercado con la sigla AFJP.
Los astros del modelo, respaldado en las urnas de 1995, no fueron propicios a la Anses. Se encogió la masa de aportantes. Crecieron el trabajo informal y las bonificaciones no contributivas, el salario real perdió terreno y disminuyó la recaudación del ente previsional.
La marcha de los miércoles se convirtió en rutina para empobrecidos jubilados, que reclamaban un ingreso por encima de la línea de la miseria. La utopía del 82 por ciento móvil mutó a un invento retórico, propio de la ficción y sin contacto con la realidad. Comenzó la avalancha de juicios, pero a principios del siglo XX se asestó el golpe de gracia al bolsillo de los jubilados: el descuento del 13 por ciento en los pocos pesos que recibían.
Se sucedieron los gobiernos. En buena hora, el monopolio de la Anses para operar en el universo de las jubilaciones nacionales fue recuperado y las AFJP quedaron en el recuerdo. La Anses se ocupó y se ocupa de financiar programas para aliviar estructurales emergencias sociales. Permanece en pie una de las consecuencias de la crisis: el achatamiento de la escala de jubilaciones ordinarias. Al punto que en la base de la pirámide se halla entre el 70 y el 80 por ciento de los jubilados. También persistió el vicio de las liquidaciones mezquinas, a contrapelo del contrato previsional. Por eso los juicios, individuales pese a ser un conflicto colectivo, con carátulas emblemáticas, que llegaron a consideración de la Corte Suprema.
Como agravante, las apelaciones interminables en casos perdidos, el incumplimiento de las sentencias y el consumo de un tiempo que no nos sobra a los jubilados. En 2013, el abogado-gestor del beneficio advirtió a un amigo mío: dentro de un año le saldrá la jubilación le
asignarán un monto que no coincidirá con el fijado en la tabla de cálculos presentaremos un recurso administrativo, que a los seis meses Anses rechazará en esa instancia quedará liberado el comienzo del juicio en cuatro o cinco años tendremos un fallo favorable. Así ocurrió y el expediente de mi amigo ya gasta suela en los tribunales.
En 2016 se aprobó la ley de Reparación Histórica de los haberes de los jubilados. Se anunció que la financiación está respaldada con lo recaudado por el fisco con el blanqueo de capitales. En el escenario hay: a) los que ganaron el juicio y aguardan el pago b) los que iniciaron demanda y esperan el fallo c) los que no pleitearon. Para los comprendidos en los distintos módulos, la Anses hace respectivas propuestas, porque cada afiliado es un mundo. Los que están de acuerdo
deben recurrir a abogado acreditado en la justicia federal para sellar el convenio.
Yo me encuentro en el casillero de los que no plantearon el justificado juicio, de visos kafkianos. Corre el plazo de 180 días para dar respuesta positiva a la oferta, que apareció en la pantalla de la computadora, en el sitio al que accedí con clave personal.
Buscaré un letrado que acepte el honorario que estableció la Anses para hacerse cargo del servicio. Cruzaré los dedos para que la actitud escrupulosa anime a los intervinientes, para que sea cierta la Reparación Histórica, sin demoras maliciosas, fragua de estragos de todo tipo.
*Periodista - Escritor
Publicado el 8 de febrero de 2017
@alfieriguillermo
https://www.facebook.com/alfieriguillermo
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