| Denuncian que "beneficia a la empresa familiar del Presidente" |
| Cuestionan millonario acuerdo entre el Gobierno y el Correo por la deuda del Grupo Macri | | |
 Fanco Macri tiene un viejo anhelo: acordar con el Estado y cerrar el concurso preventivo que el Correo Argentino arrastra desde 2001. Tras varias negativas, con el arribo del gobierno de Cambiemos, liderado por su hijo, Mauricio Macri, dio un gran paso para lograrlo en junio pasado. Sin embargo, ahora, la Fiscalía General en lo Comercial consideró que el posible acuerdo sería "abusivo": la cancelación de la deuda en 15 años con una quita que ascendería a 70 mil millones de pesos. |
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Fecha:09/02/2017 9:01:00 
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La fiscal Gabriela Boquin planteó la objeción al acuerdo al recomendar a la Cámara que lo rechace. Además, notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal. Boquin llegó a esa conclusión tras verificar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron las propuestas del Correo -una empresa del grupo Macri- "por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago".
En el Ministerio de Comunicaciones defendieron su decisión. "Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero. Porque $ 300 millones era una fortuna en 2001, pero cada día que pasa lo será cada vez menos", señalaron.
El argumento de la fiscal agrega que la posición del Gobierno de rechazar el acuerdo cambió por completo a mediados de 2016, cuando un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente terminó por aceptar "una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad".
El planteo de la fiscal Boquin (que no pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, como se insinuó en algunas redes sociales oficialistas), a su vez, chocó con los argumentos de los abogados de Macri y del Gobierno. Según los letrados del viejo Correo, su nueva propuesta implica una "mejora muy notoria" con respecto a sus ofertas anteriores que presentaron en octubre y noviembre de 2014.
Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial será la que deberá resolver si rechaza el acuerdo tentativo alcanzado entre el Correo y el Estado, o si por el contrario comparte el criterio de la jueza de primera instancia -que ya había rechazado la propuesta anterior- y de la fiscal Boquín.
A lo largo de un dictamen de 64 carillas, más una ampliación posterior, Boquín expuso varias objeciones al eventual acuerdo, que consideró que perjudicaría "gravemente el patrimonio del Estado nacional", y sería en beneficio de los Macri, ya que esa familia, recordó, "detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA".
La fiscal apoyó su dictamen en un análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público, que estimó que la deuda original ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a los 292,8 millones de pesos o dólares. Más aun, la quita real, de aceptarse la propuesta del Correo, rondaría el 98,8% y eso implicaría convalidar, en la práctica, una quita de $ 4277,6 millones a valor presente, o de $ 70.163,9 millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese acuerdo, según surge del dictamen técnico.
¿Cómo se llegaría a esa cifra? Según los técnicos de la DAFI, debería computarse que la deuda original fue durante el régimen de la convertibilidad entre el peso y el dólar, a lo cual luego debe calcularse el "valor presente del saldo de la quita", y a eso aplicarse la tasa activa de interés del Banco Nación hasta la fecha en que se concretaría el último pago cancelatorio. Es decir, marzo de 2033.
Sin embargo, la defensa del viejo Correo remarcó ante la Justicia que la nueva propuesta es mucho mejor que las anteriores. Primero ofrecieron devolver el 80% de la deuda en 26 cuotas anuales (con 5 años de espera) y luego acortaron ese plazo a 21 cuotas (con un año de espera) y 5% de interés anual, para por último fijarlo en 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.
Apoyo de los síndicos
En el Ministerio de Comunicaciones, en tanto, también recordaron que todos los síndicos involucrados en el concurso convalidaron el eventual acuerdo entre el Estado y la empresa de los Macri, al mismo tiempo que destacaron que existen juicios cruzados que podrían conllevar mayores problemas.
Para la fiscal Boquín, no obstante, antes debe verificarse si el funcionario del Ministerio de Comunicaciones que selló el acuerdo estaba facultado para tomar esa decisión. Para ella, no lo sería. Por el contrario, encaró la negociación "sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso".
A eso se suma, planteó, que "la propuesta [del Correo] fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional", por lo que debió haber mediado una "opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública".
La negociación
La negociación con el Grupo Macri para que le pague al Estado sería la cara inversa del pago a los fondos buitres, según se puede leer en el dictamen que emitió la fiscal de cámara Gabriela Boquín emitió el 30 diciembre del año pasado. Allí advirtió que la “mejora” de la oferta que fue aceptada por el Estado no era tal: la primera propuesta implicaba una quita del 99,16 por ciento. La segunda, del 98,87 por ciento. “La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”, remarcó.
Anteayer presentó el cálculo que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Fue el siguiente: la deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en septiembre de 2001, antes de la devaluación. La propuesta del Grupo Macri fue pagar en 15 cuotas anuales del “100 por ciento del monto verificado”. Esto es, 296 millones de pesos, con un interés anual del 7 por ciento. Si se actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, la quita es de 4.656 millones de pesos. Es una quita real del 98,87 por ciento. Para proyectar ese monto a 2033, la DAFI tomó la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento), lo que le dio una quita cuando se termine de pagar la deuda de 70.163 millones de pesos.
“La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda”, señaló la fiscal Boquín, quien además advirtió que con el Gobierno de Macri se dio “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar– en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”. La fiscal advirtió, además, que el funcionario que aceptó la propuesta estaba designado en forma transitoria por 180 días y que, por lo tanto, no podría haber firmado el acuerdo.
En su apelación a la Cámara, la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones. “Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, indicó. La fiscal indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema.
Cómo empezó la historia
Esta historia comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino. La administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri conserva la mayoría accionaria. En 2009, siendo jefe gobierno, Macri le cedió sus accciones a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.
Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo y despidieron miles de trabajadores. En su momento, lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como “inversiones”. La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner poco después de su llegada al gobierno, en noviembre de 2003.
Ya en septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon (dejó de pagar en marzo de 2000), ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del primogénito.
En diciembre de 2003, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. y prohibió la salida del país de Franco Macri y del directorio de la empresa, que incluía a Angelo Calcaterra y a Néstor Grindetti. En ese momento, el Grupo Macri propuso a los acreedores un pago a 25 años con una tasa de interés del 1 por ciento anual. Implicaba una quita del 94 por ciento. No lo aceptaron.
La causa se extendió por largos años hasta que la jueza Marta Cirulli no homologó un acuerdo que presentó el Grupo Macri porque el Estado Nacional no lo aceptó. Argumentaron el perjuicio de no actualizar los montos por el paso del tiempo. El Grupo Macri apeló esa decisión y llegó a la Cámara.
El acuerdo final se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio del año pasado por los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Allí, el Grupo Macri hizo una propuesta de pago al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento.
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, rechazó la oferta, pero les dio a conocer las condiciones en las que podía aceptar. Hubo un cuarto intermedio y se presentó una nueva oferta, que fue aceptada de inmediato. El funcionario aseguró que la aceptaba porque “se ajustaba a las instrucciones impartidas”.
La oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033. El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.
Fuente: La Nación - Página12
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