De acuerdo con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos, los secuestros fueron planificados por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino y la ejecución del plan corrió por cuenta de la policía bonaerense que entonces estaba al mando del general Ramón Camps y del comisario Miguel Etchecolatz, director de investigaciones de esa fuerza

El documento, firmado por alrededor de 60 personas, generó el rechazo de periodistas y de figuras de la oposición chilena.